En períodos anteriores, vimos diputados que se aprovecharon de su influencia para que los nombraran en cargos cuya elección es competencia de la propia Asamblea Legislativa. Una mala práctica que la opinión pública rechaza.
Hoy se repite algo parecido en la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib), organismo internacional formado por 21 naciones y que desde hace dos años dirige un costarricense: Fernando Ferraro.
Después de ser presentado como candidato a secretario general por la presidenta Laura Chinchilla, ganó la elección y se convirtió en el primer latinoamericano en ejercer el cargo desde que se fundó la organización en 1992.
La prensa explicó que Ferraro comunicó oportunamente a la ministra de Justicia, Cristina Ramírez, su interés en la reelección, pero como respuesta recibió el silencio. El Ministerio y la Casa Amarilla serían los llamados a presentar su nombre.
Se sabe que en este campo pueden existir razones de Estado que trascienden a las personas, y por lo tanto era posible que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Justicia tuvieran razones para no respaldar la candidatura del actual secretario. Sin embargo, no hubo respuesta. Pasó el tiempo, llegó la fecha de la reunión destinada a preparar la asamblea de ministros, y Ferraro, en un acto de responsabilidad y con el propósito de no perjudicar la operación del organismo, comunicó a los miembros que no se presentaría a reelección. No dijo la razón: que el Gobierno de su propio país le negó el apoyo, sin este haber tenido tan siquiera la cortesía de comunicárselo.
Justificaciones. En una entrevista reciente, el responsable de la cartera de Relaciones Exteriores cita al señor presidente, quien dice contar con amigos en el sistema iberoamericano que le aseguraron que la candidatura de la ministra Ramírez es viable. No ofrece una evaluación del trabajo de Fernando Ferraro ni nos explica los planes que en el campo de la justicia y la seguridad, propios de Comjib, tiene el Gobierno, y cómo y por qué justificarían impedir su reelección y promover la de la ministra.
Puede que no haya tales planes, y que la razón sea más mundana. El interés del Gobierno en la organización es discutible, pues incluso suspendió las acciones de la administración anterior para obtener la ratificación del convenio constitutivo de la Comjib en la Asamblea Legislativa. De haberse aprobado, como pretendía la anterior administración, Costa Rica sería parte oficialmente de la organización. Aún no lo es.
Ilustra bastante bien la superficialidad de la decisión, el hecho de que en medio de la difícil situación financiera y de la que Ferraro se ha ocupado junto con su equipo, el Gobierno costarricense, que se mantiene sin pagar su aporte anual al organismo, presenta la candidatura sin un plan alternativo.
Para justificar la decisión, el canciller asegura en la misma entrevista que sin perjuicio de las muchas cualidades de Ferraro, es mejor candidata la actual ministra. A lo que debo replicar que si lo que quiere el presidente es salir de su colaboradora, sin duda ella es una mejor opción.
En resumen, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia actuaron así, no porque tuvieran una razón de Estado, sino porque al estilo de esas malas prácticas que cité al principio, quieren el cargo para la ministra.
Al final, si gana la elección será porque al mejor estilo de un " free rider " (polizón), aprovecharon el momento y el trabajo de Ferraro para colocarse en su lugar. Si pierden será porque después de un largo silencio y de no apoyar al costarricense con el que los otros 20 países llevan dos años de trabajar, presentaron improvisadamente una candidata diferente a dos semanas de la elección.
(*) La autora es trabajadora social