Escribo estas líneas como madre de un estudiante de quinto año. Las pruebas nacionales que el Ministerio de Educación Pública (MEP) impone, contra todo argumento fundamentado en la ciencia y la técnica, causará un grave perjuicio a todo estudiante que finalice la secundaria en el 2023.
Como punto de partida, debe considerarse que la educación es un proceso que requiere tiempo. La declaración hecha por un alto funcionario del MEP, acerca de que “estamos a tiempo de corregir”, enfrentará a los estudiantes a una nueva prueba sin fundamento, un absoluto disparate ministerial. ¿Cómo pretenden corregir un deficiente proceso quinquenal en dos meses?
En segundo lugar, estamos a doce días de que acabe el mes de julio. Los estudiantes no han recibido ningún resultado, es decir, desconocen si su resultado los ubica en el 40 % que tiene capacidades mínimas aceptables o en el grupo mayoritario con graves deficiencias. Graves, por cuanto no tienen ni siquiera la competencia básica.
La brecha no es menor y el MEP pretende acortarla en semanas. Los estudiantes deberán subsanar deficiencias en las materias en que hayan fallado. ¿Cuántas? Puedo asegurar con certeza que ninguno lo sabe. Posiblemente, los centros educativos tampoco.
¿Cómo se corrige algo desconocido? ¿Cómo se desarrolla un plan remedial para algo desconocido? ¿Cuánto tiempo se requiere para plantear el cronograma de trabajo remedial? Nuestros estudiantes se encuentran en estado de indefensión.
El proceso es arbitrario y lesiona los intereses estudiantiles. La nota de esta prueba es elevadísima para un ejercicio diagnóstico. Alcanza para reprobar a alumnos en el último año.
El promedio anual podría ser tan bajo que cerrará las puertas a futuras oportunidades de estudio. ¿Han pensado en el impacto económico que puede tener en una familia de escasos recursos, de las que abundan en las zonas más rezagadas en educación?
No debemos ignorar que la nota de quinto año se convierte en un objeto inmutable para quien aspire a la educación superior. La nota de presentación la conforma el promedio de cuarto y quinto año. A los egresados de secundaria se les considera su nota completa de la educación diversificada, es decir, que el proceder ministerial tendrá un efecto más allá de la secundaria, porque incidirá en el futuro educativo de nuestros hijos.
Más aún, la obtención de una beca de posgrado depende de un registro histórico de calificaciones de secundaria que evidencie disciplina, dedicación, compromiso y excelencia, además de dominio de lo que la educación primaria y secundaria les proveyó.
Pero resulta absurdo evaluarlos con competencias nunca desarrolladas. No se puede valorar a un médico en derecho constitucional, ni a un ingeniero en competencias biológicas. ¿Cómo pretenden evaluar a un educando de undécimo en competencias que el sistema nunca le ayudó a adquirir?
Si el motivo es el diagnóstico para mejorar la educación, ¿por qué juegan con el futuro de nuestros hijos? ¿Por qué castigar a los inocentes? El país tiene una deuda enorme con ellos, llamada “apagón educativo”. ¿Quieren imponerles una doble sanción? Es un abuso contra los ciudadanos del futuro. Un disparate.
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La autora es ciudadana costarricense.