Hasta hace poco tiempo, la principal preocupación de los sistemas administrativos públicos y privados radicaba, exclusivamente, en el desempeño de las actividades. La eficiencia fue el ícono de ese paradigma o modo de pensar: alguien era buen funcionario si cumplía con sus tareas. Un proyecto o programa de desarrollo era bueno si se cumplían las actividades programadas en el menor tiempo posible y al más bajo costo; una institución era excelente en la medida en que hiciera cosas o prestara servicios.
Esta racionalidad basada en el criterio predominante de la actividad cambió. Por la influencia de la denominada Nueva Gestión Pública y como consecuencia de la reorientación experimentada por los organismos de la cooperación internacional para el desarrollo, a partir de la década anterior, la noción de resultados ha desplazado paulatinamente a la noción de actividad.
Impacto mágico. En materia de políticas públicas, así como de los programas y los proyectos de desarrollo, lo importante hoy en día no radica en qué estamos haciendo, sino, más bien, qué es lo que efectivamente estamos logrando. Este cambio de enfoque, a partir del cual se ha derivado la gestión para resultados y un sinnúmero de herramientas de administración, coloca los resultados en el centro de atención de los sistemas organizacionales.
Pues bien, estos logros (conocidos también como efectos o impactos) deberían ser, por definición, los que empleamos para abrir los esquemas de organización política y burocrática de nuestras instituciones y de la gente que las integra, ante el escrutinio público. Entonces, para ser transparentes, las instituciones deberán dar cuenta de los logros obtenidos hasta ahora.
Las preguntas caen como piedras: ¿serán nuestras instituciones capaces de dar cuenta de los resultados alcanzados?; ¿qué dirá el Ministerio de Planificación ante metas una y otra vez modificadas, en virtud de la imposibilidad de obtención de logros? A juzgar por la información compendiada, finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo quedó reducido a un puñado de metas sectoriales, cuya gran mayoría se quedaron en la dimensión de las acciones.
El supuesto ingenuo de que la ejecución de determinadas acciones conduce por arte de magia a los resultados, debe desmantelarse de una buena vez. Es menester medir los logros mediante indicadores objetivamente verificables y asegurase de que se trata de lo legítimo y conveniente para el país y sus habitantes. La participación es entonces, condición básica. Los planes de desarrollo de escritorio, son cosa del pasado. Para que la transparencia sea tal, debe expresarse mediante el lenguaje de los resultados.
Efectos claros. No es la cantidad de bonos de vivienda ni el número de nuevos créditos los que definen el éxito de un programa de desarrollo, sino el índice de erradicación de tugurios y la adquisición de capacidades empresariales. Los resultados de desarrollo están siempre relacionados con las personas y no con las cosas. La seguridad ciudadana por encima de la cantidad de radiopatrullas adquiridas; la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, más que la cantidad de horas destinadas a las funciones de cuido de niños y niñas.
En el mismo caso, el mejoramiento de la capacidad de entendimiento de los estudiantes debe verse por encima de los montos destinados a infraestructura escolar; y la mejoría en la movilización de las personas, por encima de los kilómetros lineales de caminos y trochas.
De muy poco o casi nada sirve la actividad si esta no se encuentra directamente relacionada con la obtención de resultados, entendidos estos como cambios o transformaciones. La rendición de cuentas y la transparencia como valores de la gestión pública imponen con urgencia una cultura de resultados.