Ha publicado La Nación, durante varios días, valiosos reportajes sobre los altísimos sueldos que reciben muchos empleados públicos de las instituciones estatales como el ICE, Recope, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la Caja Costarricense de Seguro Social y hasta la Universidad de Costa Rica. Tales abusivos salarios, así como las muy altas e injustas pensiones que reciben algunos privilegiados son una carga demasiado pesada que, si no se detiene, llevará al país a la debacle financiera.
Acerca de las altas pensiones, he publicado varios artículos en esta misma página, desde hace varios años, y he indicado que el presidente que tenga el coraje de acabar con los privilegios será considerado, aunque no tenga otro mayor acierto, un gobernante exitoso.
También conté, en otro artículo hace varios años, que en las vacaciones que todos los años pasaba en una finca de mi padre en Rancho Redondo, en cierta ocasión le pedí a un muchacho como de mi misma edad, llamado Octavio, compañero en las correrías en los verdes campos antes de que el frío y la noche nos obligara a regresar a nuestras casas, que lo hiciéramos durante el horario de trabajo y me contestó que no, porque no era el hijo del patrón. “No soy un peón de lujo, como vos, que trabajás cuando querés, sino un peón de segunda clase”, me dijo.
Uno de los problemas más graves de los privilegios estatales es que ha divido al país en dos grupos: en uno se goza de grandes ventajas, se reciben pensiones incluso de ¢16 millones, sueldos 10 veces más altos a los percibidos por quienes desempeñan las mismas labores en las empresas privadas, y, además, van a recibir prestaciones de 20 años como ha anunciado la Caja que harán a partir del 6 de junio del año entrante. Mientras, los empleados de las empresas particulares solo recibirán los 8 años establecido en el Código de Trabajo.
El otro grupo está constituido por los otros trabajadores del país que serán, como me decía Octavio mi viejo compañero de aventuras, peones de segunda clase.
Pagos generosos. La Nación dio vario ejemplos que deben alertar a toda la ciudadanía: Recope, por ejemplo, le pagó a un chofer ¢1,5 millones, en horas extra, y ¢3,4 millones a un enfermero. La UCR le pagó a un oficial que regula el tránsito ¢2,7 millones y a una asistente de enseñanza preescolar, ¢5,8 millones. El país no soportará si continúa tan absurda piñata de millones.
Hay, por dicha, dos luces de esperanza en el futuro cercano: una, tal vez la más importante, es un proyecto de ley enviado al Congreso por el Gobierno para limitar las pensiones a un máximo razonable. Es de esperar que, al menos en esta ocasión, los diputados actúen con verdadero patriotismo, aprueben el proyecto que elimine así un privilegio que mina la economía del país.
Es inmoral, y casi podría decir criminal, que existiendo tanta pobreza en el país un grupo de personas pensiones de lujo.
La ley no es retroactiva, pero es posible la aprobación dentro de ella, o en otra ley, de un impuesto escalonado para que quienes mantendrán sus altísimos pagos de jubilaciones le devuelvan al país algo más de lo que reciben.
Otra luz favorable es el hecho de que al menos tres bancos estatales, el Nacional, el Popular y el Crédito Agrícola estén dispuestos a renegociar sus convenciones colectivas a fin de eliminar algunos artículos que incluyen ventajas económicas absurdas y, en la mesa de negociaciones, se tratará de llegar a acuerdos que beneficien a las dos partes, sin perjudicar las finanzas de la institución.
No debe existir, como decía Octavio, mi amigo de la infancia, ciudadanos de lujo y ciudadanos de segunda clase.
Solo debe haber ciudadanos costarricenses, todos con los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Mario Madrigal es periodista.