Según información del Observatorio de la Comunicación Digital de la Universidad Latina, la salud no está en la agenda de los candidatos. Parece paradójico, si comprendemos que los efectos de la pandemia han postrado al país no solo en términos de enfermedad y muerte, sino también en lo económico y social.
La salud no es un concepto únicamente biológico. Debiera existir claridad en que la institucionalidad sanitaria no puede estar en manos de inexpertos o ignorantes de esta realidad, carentes de capacidad para administrarla, porque son muchos los desafíos que se enfrentan y se enfrentarán en los próximos años.
Los partidos políticos serios deben tomar como referencia la experiencia de los países de la OCDE, pues no tiene sentido pertenecer a este organismo si no nos compararnos ni aspiramos a tener mejores estándares en la gestión del Estado.
Debemos plantearnos si es pertinente la sostenibilidad del modelo actual. El gasto institucional es mayor que el promedio de los países que integran la OCDE, y crece un 7 % anual, fundamentalmente, debido a los salarios, sin que haya evidencia de que se traduzcan en resultados y beneficios para la gente, que es la razón de ser del servicio público.
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Un buen gobierno debe atacar el problema como factor que incrementa la desigualdad, razón suficiente para no sentir orgullo, sino vergüenza. Tremenda contradicción en una institución de tanta relevancia para el desarrollo del país y el bienestar de la población.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no tiene contabilidad de costos. No tiene claro cuánto le cuesta lo que hace, asunto esencial para la eficiencia y la correcta planificación. Durante varios años se ha hablado del costeo por grupos relacionados de diagnóstico (GRD) sin que se concrete. Esta debiera ser una prioridad de gobierno institucional y nacional.
No se gestiona por resultados y, en consecuencia, la remuneración no se vincula a objetivos en el contexto de un precario ejercicio rector del Ministerio de Salud, que no ejecuta evaluaciones periódicas de gestión, muchas veces condicionado por la falta de apertura de la CCSS, que invoca su autonomía, lo cual no es razonable.
Igualmente, la Caja debe mejorar su medición del desempeño por medio de adecuados sistemas de información. El EDUS es indudablemente un instrumento vital para ello, pero debe transformar los datos que contiene en información útil para la toma de decisiones inteligentes. Hoy el EDUS es un enorme repositorio de datos solamente.
El gasto hospitalario sigue siendo el más elevado, en detrimento de la inversión en el primer nivel de atención. Si bien es esperable por sus características que así sea, debe hacerse un esfuerzo por incrementar el gasto en los niveles inferiores del sistema debido a las implicaciones para el correcto abordaje de los problemas de salud de la población.
Ya es hora, 34 años después, de que se adecúe la asignación poblacional a los equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis). Es psicótico mantener la asignación de un equipo por cada 4.000 habitantes de forma homogénea. Existen criterios técnicos para readecuar la asignación, tomando como referencia los determinantes sociales de la salud que difieren entre regiones, cantones, distritos y sectores sanitarios.
Es imprescindible revisar el origen del financiamiento de la Caja. Los sistemas de salud más avanzados del mundo, miembros por cierto de la OCDE, se financian con impuestos generales.
Debemos migrar a un modelo mixto. En realidades como la nuestra, donde el desempleo casi alcanza el 17 % y el empleo informal el 46 %, no debemos seguir insistiendo en financiar la institución únicamente con cotizaciones vinculadas al trabajo, aparte de que tiene fuertes implicaciones para la generación de empleo, aspecto vital para el desarrollo nacional, pero más debido al impacto de la pandemia.
Durante 30 años no se ha logrado acortar los tiempos de espera por la incapacidad de quienes asumen los cargos políticos. Los tiempos de espera se han incrementado de forma alarmante a causa de la priorización de la atención de la pandemia, lo que hace más grande el desafío. Pero este es un asunto que merece un tratamiento particular.
El proceso de reestructuración de la Caja nunca se llevó a cabo por falta de voluntad política y “técnica”. Es más, se intentó insinuar que la creación de la gerencia general era producto de ese planteamiento, lo cual es cierto, pero condicionado a una reestructuración general de la institución sustentada en la desconcentración de la gestión que fortalecía la administración regional y local, pero también fue desechada aduciendo que no había funcionado, cuando los que no funcionaron fueron los responsables de llevarla a la práctica.
Dicho de otra manera, la creación de la gerencia general no aporta ningún valor institucional y menos a la población. Lo que sí ha aportado es conflicto interno en lo referente a las responsabilidades y agregado más burocracia.
Debiera ser una aspiración no seguir proponiendo más de lo mismo, porque es un reflejo claro de que no entendemos el problema, su origen y la solución. El reto es muy grande. Debemos saber dimensionarlo y no presentar planes de gobierno insulsos, similares cada cuatro años, y que son prueba de la incapacidad para solucionar hasta lo básico.
El desafío no tiene relación con programitas de atención del cáncer y enfermedades crónicas. Es más que eso; es una responsabilidad básica del quehacer institucional y una responsabilidad moral de los administradores.
mauriciovargas@medicos.cr
El autor es médico especialista en Gerencia de la Salud.