En el último lustro, la atención del mundo tributario y no tributario ha puesto su vista en la forma cómo las personas organizan sus asuntos financieros. Iniciativas internacionales, lideradas por varios importantes medios de comunicación, como los Panama papers, en el 2015, y paradise papers (papeles del paraíso), en el 2017, proveen una ventana de cómo la gente dispone de parte de su renta y riqueza.
Respecto al más reciente, los paradise papers, liderado por el medio de comunicación The Guardian, bajo un enorme título en letras amarillas que indica “Tax Avoidance” (evasión fiscal en español), su objetivo ha sido “desenmascarar” prácticas fiscales agresivas, planificaciones fiscales e inversiones de la “élite mundial” y cómo “esconden” su riqueza.
Los descubrimientos han alcanzado a figuras públicas internacionales en el ámbito gubernamental, la industria del entretenimiento y hasta a la reina de Inglaterra, lo cual puede ser discutible en cuanto a su calificativo de “evasión fiscal” y más como su derecho a ejercer una economía de opción.
La economía de opción es el derecho que tiene todo contribuyente de acomodar sus negocios en la forma que mejor le parezca, siempre que no resulte ilegal y esté en orden con la ley tributaria.Si bien muchas de dichas prácticas podrían ser calificadas como elusivas (utilizar las ventajas que provee la ley para obtener una mayor eficiencia tributaria) lo anterior no significa que sean ilegales.
Fallos. Los artículos indican con lujo de detalle las inversiones que con fondos propios efectúan dichas personas en el exterior. Sin embargo, fallan en detallar que se encuentran en su derecho de invertir su dinero en donde les resulte más conveniente: tanto de forma económica como fiscal, especialmente, porque se trata de fondos privados y no públicos. Sin embargo, la información se encuentra enfocada en enaltecer el resentimiento social contra quienes han encontrado una mejor forma de invertir su riqueza, la cual no pertenece a nadie más que a ellos.
Lamentablemente, vivimos en una época donde gobiernos y organismos comunitarios, como la Unión Europea y entidades de peso como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, han socado cada vez más la cuerda para evitar una fuga de capitales y controlar prácticas fiscales en vez de enaltecer la inversión, que, si bien su propósito es controlar la evasión fiscal, es un claro atentado contra la economía de opción, la cual, valga destacar, no es un privilegio para “ricos”, sino que puede ser practicada por cualquier persona o entidad que tenga cierto grado de orden financiero.
Hay que recordar que no hay una obligación moral de pagar más impuestos que los establecidos en la ley, ya sea en la jurisdicción de residencia de la persona o donde desee llevar a cabo sus inversiones.
El fallecido juez estadounidense Learned Hand, de la Corte Distrital de Estados Unidos para el Segundo Distrito de Nueva York, hizo una importante manifestación al respecto en el pronunciamiento Comisionado contra Newman en 1947 al indicar que: “Una y otra vez las Cortes han indicado que no hay nada siniestro en que uno disponga de sus asuntos de forma que los impuestos se mantengan tan bajos como sea posible. Todos lo hacen, ricos o pobres; y todos hacen bien, ya que nadie tiene un deber público de pagar más de lo que la ley exige: los impuestos son exacciones forzadas, no contribuciones voluntarias. Demandar más en nombre de la moral es mera hipocresía”.
Si bien los impuestos forman una parte importante de las finanzas públicas, los gobiernos y sus medios de comunicación no deberían señalar a nadie más que a ellos mismos si las personas no encuentran en su jurisdicción de residencia buenas opciones de inversión o si la burocracia es tal que dicha jurisdicción deja de ser atractiva.
Si a título personal no apreciamos que nadie nos imponga como arreglar nuestras finanzas, ¿por qué pretendemos que podemos hacer lo mismo con corporaciones o personas que tengan un nivel de riqueza disponible más alto?
La autora es abogada especialista en derecho tributario.