Una máxima en impuestos es que el Estado debe cobrar los impuestos que le autoriza la ley y los ciudadanos deben pagar los impuestos que la ley les obliga.
Tanto se ha hablado del déficit fiscal y de los escasos recursos que obtiene el Gobierno para cubrir sus necesidades, que pareciera estarle permitido cobrar también los tributos que pueda agenciarse mediante la interpretación de normas, aunque estas lecturas parecen estar fuera de la ley, y más importante, así lo entiende el ciudadano.
En el pasado ocurrió con el impuesto de ventas. Según la ley, están gravados los servicios telefónicos, de cable y de télex, así como los radiolocalizadores, los radiomensajes y sus similares, pero la Dirección General de Tributación interpretó que también Internet está incluida, y la gravó con el 13%.
Un caso más reciente lo protagonizó la Dirección General de Aduanas, relacionado con la clasificación de la mercancía importada.
De acuerdo con una interpretación de esta entidad, dicha mercancía no debe clasificarse ya con los mismos parámetros de la partida señalada en el Convenio sobre el Régimen Arancelario Aduanero Centroamericano.
Aduanas, sin embargo, pretende que se contemple en la misma partida, pero dentro de otra clasificación y con una carga tributaria más alta.
Si este análisis se hace a la luz de los instrumentos normativos internacionales, el producto importado se clasificaría donde inicialmente se hizo, y no donde convenientemente interpreta hoy la Administración, en aras de incrementar la carga tributaria del bien importado.
Ejemplo reciente. Veamos lo que sucede con el impuesto a la propiedad de vehículos. La ley le da facultades a la Administración Tributaria para actualizar el valor tomando en cuenta el índice de inflación y la depreciación.
Estos dos elementos en ningún momento van a justificar que un vehículo del año 2014 y valorado para el mismo impuesto en ¢6 millones, haya subido a ¢7 millones, según Hacienda, para el año 2015.
La necesidad de Hacienda de recaudar mejor los impuestos y de buscar aumentar la recaudación es entendible, mas no un visto bueno a una interpretación particular de las leyes de impuestos.
Esta posición, lejos de conseguir que los ciudadanos busquen ayudar a Hacienda, como entidad encargada de la titánica labor de recaudación (a lo cual todos debemos cooperar como ciudadanos pagando los impuestos que nos corresponde), genera en el ciudadano un sentimiento de impotencia, pues se le están cobrando dineros que, de acuerdo con las leyes en vigor, no está obligado a pagar.
El Estado debe cobrar los impuestos que las leyes establecen, y si la ley no es clara, esta debe reformarse para que se entienda correctamente, pues los tributos deben ser recaudados sin ambigüedades.
El autor es contador público de la empresa Deloitte.