La vinculación entre empresas trae muchos beneficios. Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), los encadenamientos son un medio para integrarse a la economía global y mejorar sus procesos productivos a través de tecnología, calidad y know-how gerencial. Para las empresas multina-cionales son un elemento de competitividad que les permite manejar inventarios más efectivamente, y reducir tiempos y costos unitarios. Desde la óptica del país, promueven el mejoramiento de su base industrial, fortalecen su propuesta para la atracción de inversión y propician el arraigo de las empresas.
En virtud de ello, la promoción de los encadenamientos locales es un objetivo de política muy importante, que, sin embargo, no se logra por decreto; es necesario propiciar las condiciones para que puedan desarrollarse, superando una serie de desafíos. Estos incluyen los retos estructurales que normalmente enfrentan las pymes para su desarrollo como acceso al capital, destrezas empresariales o tecnología, lo que, a su vez, afecta su productividad. Además, las pymes suelen desconocer los requerimientos de las multinacionales en temas de calidad, tiempo de entrega u otros. Estos desafíos se complican por la necesidad de que las pymes inviertan para mejorar sus capacidades productivas sin tener un contrato seguro, el cual, por otro lado, no puede garantizarse porque depende de la capacidad de las pymes de alcanzar los estándares requeridos.
De ahí, la necesidad de desarrollar un clima de negocios propicio para el desarrollo de las pymes, garantizar un apoyo institucional sólido a través de programas dedicados y mantener los incentivos adecuados. Esto es lo que hemos hecho en Costa Rica y está rindiendo frutos.
En un estudio reciente de Ricardo Monge sobre el impacto de los encadenamientos, en el cual evaluó las compras realizadas por las empresas de zonas francas a los suplidores locales, se pasó de contabilizar 961 empresas locales en el 2001 a 7.922 en el 2011, mostrando un crecimiento de más de ocho veces durante ese período. Paralelamente, el monto total de compras locales en el país, por parte de las empresas del régimen de zona franca, pasó de $482 millones en el 2006 a $2.029 millones en el 2012, es decir, 4,2 veces más en seis años.
Estos resultados se relacionan con el trabajo que lleva a cabo Procomer, con el apoyo de una serie de instituciones, en el marco de su Programa de Encadenamientos Productivos. Al amparo de este, se capacita a las pymes, se identifica la demanda de las multinacionales, se ponen a ambos tipos de empresa en contacto y se brinda asesoría puntual, entre otros aspectos. Como complemento se han establecido distintos mecanismos para apoyar que las pymes puedan certificarse y, con ello, estar mejor preparadas. Esto incluye la posibilidad de acceder a recursos gratuitos en el marco del Fondo Propyme y el acompañamiento durante el proceso de certificación. Desde el 2010, también, la ley de zona franca incluye incentivos para promover las vinculaciones.
Es necesario continuar trabajando en esa dirección para promover más y más encadenamientos productivos, pero esto es muy distinto de obligar a una empresa a comprar localmente. Primero, desde la perspectiva legal, no es posible hacerlo, pues la OMC prohíbe, desde hace 18 años, la adopción de estas medidas por su comprobado efecto perverso sobre los flujos de comercio e inversión. Segundo, desde la óptica económica, no tiene sentido distorsionar la cadena de suministro de las empresas, poniendo en riesgo dicha cadena y, con ello, la decisión misma de invertir en ese país.
La literatura económica es clara en documentar múltiples ejemplos de fracaso de este tipo de políticas, que estuvieron en boga en los años sesenta y setenta, y que hoy están superadas. En un contexto de cadenas regionales y globales de valor, como el que prevalece en el mundo de hoy, estas medidas –si pudieran aplicarse– tendrían aún menos sentido.