Leí con mucho interés el reciente editorial de «La Nación» titulado «Necesaria reforma del servicio civil». Debo admitir que su contenido me pareció muy limitado, puesto que propone reformar básicamente los mecanismos de despido, pero se centra en la cobertura del Estatuto de Servicio Civil, que, con docentes incluidos, abarca un escaso 32 % del personal del Estado.
Si apartamos a los docentes, dado que su flamante convención colectiva privatiza al Ministerio de Educación (MEP) en favor de sus sindicatos, entonces la cobertura se reduce a unos 40.000 puestos de trabajo, muchos menos de los 60.000 empleados que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social y de cuyos procedimientos de desvinculación no se habla.
Durante décadas, funcionarios adscritos al estatuto escaparon con el fin de beneficiarse de una mayor libertad salarial y menos restricciones de ingreso, librarse de los mecanismos de medición del desempeño y gozar de estabilidad (léase inamovilidad), protegidos por convenciones colectivas que, como en el MEP, no se mueve nada en recursos humanos si no es a través de una comisión paritaria, que de paritaria no tiene nada porque está copada por los sindicatos; sin embargo, la prensa y algunos políticos cargan sus críticas contra el servicio civil, encajándolo en la cobertura del estatuto, al que ya no pertenecen o nunca pertenecieron.
En esencia, todavía hoy no se comprende que aun cuando el título XV de la Constitución Política, denominado «El servicio civil», abarca todo el Estado (artículo 191), el legislador, al aprobar el estatuto, el 30 de mayo de 1953, amputó burdamente la voluntad del constituyente y lo limitó al Poder Ejecutivo.
Para abundar más en el asunto, la ley de carrera docente de 1970 y su convención colectiva, a partir del 2012, sacó también a los educadores, salvo en lo que los favorece.
El pecado capital lo cometió una directriz presidencial de setiembre de 1951 (en la administración de Otilio Ulate Blanco), que, al crear la Comisión Redactora del Estatuto de Servicio Civil, como lo ordenaba la Constitución Política de 1949, estableció como orientación general para su trabajo, entre otras, la siguiente ordenanza: «El ámbito del Estatuto había de ser solo el Poder Ejecutivo». Así fue sentenciado el futuro del servicio civil.
Si alguien quiere seriamente, como propone el editorial, reformar algo del servicio civil, que no lo reduzca al ámbito del estatuto, cada vez más enclenque y limitado.
Cuando a comienzos de la década de los ochenta ingresé a la Dirección General de Servicio Civil, poco antes del treinta aniversario de su fundación, algunos de sus pioneros estaban por jubilarse.
Aprendí de ellos que la misión institucional afectaba muchos mezquinos intereses, en especial a aquellos que querían dominar el proceso de selección de personal, por lo que año tras año se saboteaba el presupuesto de la institución, y todo intento por hacer modificaciones legales era inmediatamente abortado, algo que solo cambió de alguna manera en el 2018, gracias a la Ley de Fortaleciendo de las Finanzas Públicas, casi siete décadas después de la fundación.
El estatuto excluyó a todo aquel fuera del Poder Ejecutivo (con excepción del INA, sacada recientemente). El Estado creció exponencialmente sin ton ni son, sin más orden que la ocurrencia del momento de cada legislador y sin ninguna rectoría hasta el desorden de hoy, cuando, solo en salarios, las instituciones consumen algo más del 50 % de los ingresos tributarios, que por cierto duplican la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A consecuencia de ello, el endeudamiento público alcanzará en el 2022 el 74 % del PIB.
En suma, hablar de reforma del servicio civil, quedándose en la ínfima cobertura del estatuto, no tiene ningún sentido. Hay que agregar que el texto en discusión de la Ley Marco de Empleo Público, totalmente debilitado, aporta casi nada a la solución de este problema.
En palabras de Alvin Toffler, estamos llegando a un momento del desarrollo histórico en que el partido invisible de la burocracia (burguesía asalariada) se ha convertido en el verdadero poder político en algunos Estados modernos, y Costa Rica no es la excepción.
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El autor es exdirector del Servicio Civil.