Mientras Vladimir Putin ostente el cargo de presidente de Rusia, no hay posibilidades de que Daniel Ortega y sus cómplices sean juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), de acuerdo con el Estatuto de Roma, por crímenes de lesa humanidad. Propongo aquí un tribunal especial bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Rusia es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como tal, tiene el poder de vetar todo proyecto de resolución para referir la situación de Nicaragua a la CPI. En su intervención en la ONU, el pasado 5 de setiembre, el embajador ruso se opuso a que el Consejo de Seguridad abordara la crisis política y social de Nicaragua. No es necesario ser un mago para adivinar cómo Rusia votaría o, mejor dicho, vetaría un intento por referir los crímenes de Ortega y sus cómplices a la CPI.
Daniel Ortega siempre estuvo tres pasos adelante. Sabía muy bien que algún día iba a necesitar el veto ruso en la ONU. Desde que asumió la presidencia de Nicaragua, en el 2007, su país ha sido uno de los pocos que han apoyado incondicionalmente la política anexionista de Rusia.
Ortega fue el primero en reconocer la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, de Georgia, en el 2008. También reconoció la supuesta incorporación de la península de Crimea a Rusia y fue uno de los 11 países votantes en contra de la resolución ante la Asamblea General de la ONU que condenó la anexión rusa. Hoy, más que nunca, Ortega necesita cobrar la factura a Putin por apoyar sus aventuras expansionistas.
Negar oportunidad. Ante la certeza de un veto ruso, sería un error diplomático grave incitar al Consejo de Seguridad a que intente referir la situación de Nicaragua a la CPI. En tiempos cuando el liderazgo global y la diplomacia estadounidenses están deprimidos, no conviene dar a Rusia la oportunidad de deslegitimar en un foro internacional, como el Consejo de Seguridad, las voces que claman justicia por los muertos, los torturados, los desaparecidos y los presos políticos en Nicaragua.
Daniel Ortega tampoco va a firmar el Estatuto de Roma de la CPI en ningún momento. Y si bien un nuevo gobierno podría hacerlo en un futuro, de por sí incierto, el tiempo apremia. Nicaragua y las familias de muertos, torturados, desaparecidos y presos políticos necesitan justicia ya. Una justicia de verdad, no como la impartida por los bufones del poder judicial nicaragüense.
La justicia podría llegar muy pronto si somos creativos. Aunque los caminos en este caso no llevan a Roma, sí conducen a Washington. El Consejo Permanente de la OEA perfectamente podría crear un tribunal penal especial para Nicaragua apoyándose en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
El tribunal penal sería complementario a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por su jurisdicción limitada no puede establecer responsabilidad penal individual por violaciones a los derechos humanos americanos. El tribunal penal especial sería establecido en cualquier país del mundo, con sus propios jueces y fiscales y un estatuto diseñado específicamente para castigar los horrores cometidos por funcionarios del régimen, incluso del poder judicial.
Crear un tribunal de este tipo no es fácil. Se necesitan recursos económicos y, sobre todo, el apoyo de Washington. Si Estados Unidos realmente está comprometido con la justicia en Nicaragua, debería apoyar una iniciativa de esta naturaleza.
Si los Estados Unidos, o algún otro país del hemisferio dijera que no apoya esta iniciativa porque la OEA no tiene autoridad legal para crear un tribunal penal especial, habrá que recordarle lo que la exsecretaria de Estado de Estados Unidos Madeleine Albright le respondió a su contraparte del Reino Unido, cuando este le informó que los abogados del Gobierno británico habían dicho que la intervención de la OTAN en Kosovo sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU era ilegal: “Búsquese otros abogados”.
Solo se necesitan creatividad y voluntad para ayudar al aguerrido pueblo de Nicaragua a vencer a la dictadura.
El autor es diputado.