La Operación Diamante colocó en el debate legislativo una reforma para limitar la reelección de los alcaldes, como parte de la lucha contra la aparente corrupción en los gobiernos locales. Estoy de acuerdo tanto con acabar con la reelección indefinida como con llevar las denuncias hasta las últimas consecuencias, y castigar penalmente a quienes sean hallados culpables.
La sana discusión, sin embargo, no debería ser matizada o, peor aún, forzada, por supuestos actos de corrupción. Tomar decisiones al calor del momento, e incluso durante el período de campaña electoral, no es la mejor decisión.
En el primer caso, porque se corre el riesgo de caer en el simplismo de creer que una reforma legal resolverá un problema de tantos años y presente en prácticamente todo el aparato estatal y, en el segundo, porque no faltarán populistas que, con el objeto de llevar agua a sus molinos, estimulen un sentimiento popular coyuntural sin percatarse del daño a la democracia y la institucionalidad política municipal.
Cabe recordar que la descentralización gubernamental y el fortalecimiento de las municipalidades surgió como respuesta al preexistente problema de la ingobernabilidad del Estado y sus instituciones. Las elecciones directas y democráticas para elegir a los representantes locales van a cumplir 18 años y la elección conjunta y separada de las presidenciales, apenas seis.
Son plazos muy cortos para valorar su trascendencia actual y futura en el desarrollo del país. Aunque es cierto que el espíritu de la ley es permitir al pueblo la elección de sus representantes por varios períodos, si es su deseo, la práctica ha demostrado el equívoco y, por eso, es preciso fijar límite sin irse al extremo de prohibirla, como algunos proponen. Según mi criterio, un máximo de dos reelecciones es suficiente.
Los diputados deben ser muy serios y moderados al discutir y aprobar esta y otras reformas esenciales. Ojalá el entusiasmo mostrado en estos días fuera el mismo para modificar el sistema electoral de los mismos diputados con el fin de eliminar las odiosas listas cerradas y, en consecuencia, dejar a la ciudadanía decidir la reelección de quienes considere dignos del reconocimiento.
Por otra parte, deberían también poner coto a las magistraturas casi vitalicias en la Corte Suprema de Justicia, pero cuando se trata de cuestiones más gruesas, falta interés para abordarlas. En otras palabras, es muy cómodo señalar al pequeño y débil régimen municipal.
Es más, para evitar toda sombra de legislación en beneficio propio, si modificaran la ley, deberían incluir un transitorio que prohíba a los actuales legisladores postularse a las elecciones municipales del 2024, ya que, si alguno tuviera interés, eliminar a sus posibles rivales les resultaría de gran beneficio, y temo que haya algo de eso.
Las reformas para un mejor manejo del régimen municipal, entre las cuales el límite a la reelección de los alcaldes es una, son necesarias, pero existen otras de igual envergadura. Por tanto, las enmiendas deben efectuarse en un ambiente constructivo y menos contaminado, teniendo presente que el régimen municipal es una parte fundamental del Estado, que, como un todo, debe mejorar el servicio público que brinda a la ciudadanía, razón de ser de las instituciones.
juanjose@ibe.cr
El autor es abogado y expresidente ejecutivo de Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).