La población carcelaria creció en América Latina un 70 % en los últimos 20 años hasta superar la capacidad de los sistemas penitenciarios. Para Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, tal incremento cuantitativo no se debe solo a la comisión de delitos, sino también a una serie de reformas penales y procesales.
Rivera participó en noviembre, en San José, en el Encuentro Internacional de Defensorías Públicas de América Latina. Ahí señaló que, a principios de siglo, Costa Rica a diferencia de hoy era un país con índices de encarcelamiento de 100 presos por cada 100.000 habitantes, y en 20 años la cifra se triplicó debido a reformas penales.
No fue que la población penitenciaria aumentó como consecuencia del incremento de los delitos, como se le ha hecho creer a la gente. La población penitenciaria es mayor porque los jueces decretaron más cárcel como resultado de las reformas penales y procesales.
La extendida crisis de inseguridad que está atravesando el continente llama la atención acerca de la situación en las cárceles, los sistemas penitenciarios y su utilización como política represiva en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad.
Una mezcla de políticas gubernamentales, falta de financiamiento y corrupción desembocó en que las cárceles de la región sean focos de violencia e incubadoras de actividades delictivas. Las megacárceles puestas de moda, que albergan a decenas de miles de prisioneros en un solo lugar, solo parecen empeorar las cosas, de acuerdo con InSight Crime.
El incremento de la criminalidad es atendido con encarcelamiento masivo (aumento de sentencias y delitos cuya pena es la prisión) que dio lugar a una enorme presión sobre los sistemas penitenciarios sin alza en los presupuestos.
El efecto es el empeoramiento de las condiciones de vida en prisión y en las condiciones de seguridad debido a la falta de recursos, tales como custodios, equipos de vigilancia, etc.
Gustavo Fondevila, estudioso del funcionamiento de las instituciones de justicia y del sistema carcelario en América Latina, considera que la prisión, como mecanismo de solución de la criminalidad, está agotado y ya no es castigo ni disuasión del delito.
Para Fondevila, la cárcel ni siquiera detiene los delitos cometidos fuera de la prisión, pero planeados en su interior. De modo que el aprisionamiento se tornó en un problema criminal en sí mismo y una especie de Estado paralelo dentro de los presidios.
En Brasil, por ejemplo, uno de los lemas del Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal del país, es “El crimen fortalece el crimen”.
Ese grupo controla detrás de las rejas las rutas internacionales de narcotráfico desde Paraguay, Bolivia y otros países de la región.
Expertas como la socióloga brasileña Bettina Barros afirman que aun dentro de la prisión grupos como el PCC mantienen la comunicación con lo que ocurre en las calles y la influencia, el lucro y la organización de los negocios ilícitos, un modelo similar al seguido por las transnacionales del crimen Tren de Aragua en Venezuela y Los Choneros y Los Lobos en Ecuador.
La construcción de más cárceles no está bajando la criminalidad, y con el tiempo se vuelven un bumerán para los países. Parafraseando a Fondevila, encarcelar a más personas ha salido muy mal a la región y el efecto es paradójico, puesto que hay más gente en prisión y esa gente vuelve a la sociedad para cometer crímenes cada vez más graves y complejos.
En vista de la crisis de inseguridad que enfrenta nuestro país, es fundamental que las autoridades piensen detenidamente en las consecuencias de construir cárceles y se basen en la evidencia científica y la experiencia nefasta en otros países del continente.
Decisiones a la ligera podrían derivar en escenarios más catastróficos en un momento en que el país no tiene capacidad ni recursos financieros para cubrir los gastos operativos de cárceles más sofisticadas.
En vez de gastar en prisiones, tiene más sentido apostar por incrementar la inversión social con un enfoque de derechos humanos para mejorar las condiciones de vida de la población, que es la razón de ser de una democracia.
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La autora es internacionalista.