Pidiendo prestado el título de su artículo al asesor legislativo Eduardo Brenes, debo decir que la CCSS, el ICE, las universidades públicas, Recope, el CNP, el INS, el AyA, los bancos del Estado y las demás instituciones públicas autónomas, incluidas las municipalidades, sí deben tocarse para corregir su rumbo y ubicarlas en el contexto de la ley y la Constitución Política y las capacidades actuales de la economía nacional.
Desde hace rato conocemos que el Estado se encuentra secuestrado por algunos funcionarios que consideran que las instituciones públicas existen para su beneficio y no para beneficiar al pueblo, que es, ha sido y espero seguirá siendo el fin único y último de su existencia.
Nosotros, el pueblo, hemos permitido indolentemente que algunos políticos que buscan denodadamente el apoyo de las burocracias para satisfacer sus intereses personales hagan la vista gorda.
Tomemos por ejemplo la CCSS. ¿Cómo está? Si no está quebrada y tiene recursos suficientes para dar los servicios apropiados a los asegurados, ¿cuál es la razón que impide que los dé? Porque es patente que no los da, como queda demostrado cotidianamente cuando se dan a conocer los problemas que tienen los enfermos que requieren trasplantes de órganos, la carencia de instrumentos para diagnosticar y tratar el cáncer, las operaciones que deben esperar tres años o más, en cuyo lapso a menudo los pacientes fallecen o recurren con enorme esfuerzo a la empresa privada, la gente enferma y no recibe tratamiento.
Considerando que el lenguaje siempre es subjetivo y solo el que emite la palabra conoce realmente su significado, puedo entender la afirmación del presidente de la República en lo que respecta a que la CCSS está quebrada. ¿Que no lo está económicamente? Bueno, entonces, si no está quebrada económicamente y podría dar servicios a tiempo y de calidad, ¿qué lo impide?
La razón sería, entonces, que la CCSS está terriblemente mal administrada. ¿Por qué razón si ha tenido personas muy versadas y probas que han ocupado la presidencia ejecutiva? Mi hipótesis es que las juntas directivas que orientan y dictan las políticas de la institución carecen de idoneidad, pero sí tienen el poder necesario para tomar decisiones erróneas.
No puedo concebir que nadie sin experiencia en administración, que no posee una cultura general y local comprobada que le permita conocer con meridiana claridad el contexto actual de amenazas violentas que sufrimos provenientes de los carteles de drogas, de pandemias o del cambio climático y sus implicaciones en la alimentación, la salud y la migración sea elegida para ocupar un cargo en una junta directiva de la CCSS, e igualmente en alguna institución autónoma.
Sin tales conocimientos y experiencia comprobados, no serán capaces de tomar decisiones que incidan en el presente y futuro de nuestra democracia, que deben ser acuciosa y transparentemente ejecutadas y planificadas.
Es por lo tanto urgente que la Contraloría, con el apoyo de las auditorías internas, la Defensoría de los Habitantes y la Asamblea Legislativa, en su carácter de controlador político, cumplan fehacientemente su deber de constatar que los directivos de las autónomas y otros cargos de igual importancia posean los conocimientos, la formación académica, la experiencia y, de la mayor relevancia, los valores, es decir, la idoneidad para dictar las directrices que la administración debe acatar para el logro de su cometido.
La supervisión de la Contraloría a posteriori no cumple a cabalidad con su tarea de garantizar el buen funcionamiento de las instituciones autónomas. Esto queda claramente demostrado si examinamos los enormes y peligrosos errores que se cometen cotidianamente en la ejecución de los presupuestos.
Insto a la Contraloría y sus auditorías, a la Defensoría y a los diputados a que velen por la permanencia de la democracia, que revisen, vigilen, constaten y, si fuera necesario, que propongan modificaciones a la normas que deben garantizar la idoneidad de las personas nombradas en las juntas directivas.
Es mi hipótesis que aunque esta medida puede no ser suficiente, sí es necesaria para enderezar el rumbo del Estado y volver a ponerlo al servicio del pueblo y no de las burocracias que se sirven del pueblo.
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La autora es filósofa.