La anualidad, como incentivo salarial de los funcionarios públicos, es una absoluta farsa que no resiste análisis. Esta figura se creó para garantizar la eficiencia en el desempeño laboral (Ley 2.166), pero luego del manoseo legislativo y reiterados fallos judiciales nos dejaron la obligación de pagar por algo que a lo único que incita es a la mediocridad.
En temas de empleo público y esquemas remunerativos es preciso preguntarse no solo cuánto estamos pagando sino qué es exactamente lo que estamos incentivando, y la anualidad es un ejemplo de un plus salarial que no tiene ningún sentido estratégico, que no aporta nada al logro de los fines del Estado, pero que se nos ha vendido como un garantía de eficiencia en la función pública.
Otro propósito. La anualidad en la Administración Pública nació como un incentivo al mérito ligado a la evaluación de resultados, aunque hoy lo que se paga es por la cantidad de años de servicio y no por la calidad del servicio. He aquí el instrumento ideal para fomentar la ley del mínimo esfuerzo.
Cuando en 1957 entró en vigencia la Ley de Salarios de la Administración Pública, vientre que dio vida a la anualidad, se dispuso que el incentivo se pagaría solo a los funcionarios públicos “que hayan recibido calificaciones satisfactorias durante dos años consecutivos”; 60 años han pasado desde entonces y todavía estamos esperando que se ponga en marcha una objetiva evaluación del desempeño.
En la exposición de motivos de dicha ley se indicó: “… debe quedar claramente establecido que el plan de salarios que se propone no ha de confundirse con un simple aumento de sueldos inspirado en simpatías personales o políticas, sino que responde a un criterio técnico …”.
Aunque la intención fue otra, hemos llegado al ridículo que de un total de 33.558 funcionarios públicos, en el 2015, cubiertos por el régimen de Servicio Civil, solo 49 se quedaron sin anualidad. De los 33.509 que sí recibieron el beneficio salarial, 24.134 fueron evaluados como “excelentes”, 8.616 como “muy buenos” y solo 759 como “buenos”. Basta con pasar un día en una institución pública realizando un trámite rutinario para comprobar que la excelencia no es la regla sino la excepción.
Mientras el Estado continúe pagando la anualidad a ciegas, sin utilizar un método adecuado de planificación y medición de resultados, seguirá actuando apartado del deber de transparencia y fuera del parámetro legal.
Manoseo constante. Cada vez que se le metió mano a la anualidad vía modificación legislativa se mejoraron significativamente las condiciones para su reconocimiento sin que nadie prestara atención a las consecuencias económicas de tanta generosidad. En primer lugar, se aumentó la frecuencia de pago, pasando de un reconocimiento cada dos años a una periodicidad anual. También el tope de aumentos creció, ya que de cinco se llegó a permitir hasta un máximo de 30, y, para rematar, se suavizaron los requisitos para su otorgamiento, pues para optar por el beneficio basta con una “calificación por lo menos de bueno”.
De las cuatro modificaciones sustanciales que se han hecho a las anualidades, tres ocurrieron en gobiernos de Liberación Nacional (1966, 1975 y 1982), si se tiene en cuenta que cuando se creó la Ley de Salarios de la Administración Pública la silla presidencial la ocupaba Figueres Ferrer.
Pero la cereza al pastel la puso la Sala Constitucional en el 2008 con la sentencia 15.460, cuando los magistrados borraron de la ley la frase que decía “hasta un total de treinta” y dejaron la anualidad descapotada, argumentando, entre otras razones, la protección del funcionario público adulto mayor. Curiosamente en un fallo dictado el año anterior, el 196-2007, el criterio había sido otro completamente, al señalar que “la vía adecuada para gestionar el rompimiento o modificación del tope de treinta años al pago de anualidades lo es a través de una reforma legislativa”.
La anualidad dejó de ser hace mucho tiempo un estimulo condicionado a la rendición de cuentas para transformarse en una alcahuetería. Por todo esto, resulta incomprensible que el gobierno, en lugar de apoyar las iniciativas que buscan la reforma del Estado, haya preferido darles la espalda.
En cuanto a los proyectos de ley que buscan la modernización del sistema de empleo y la contención del gasto público, sería imperdonable caer nuevamente en el error de ligar un incentivo salarial al desempeño sin que de previo se haya establecido una metodología clara y con criterios técnicos que garantice transparencia y objetividad en la revisión de resultados.
El tema de la anualidad va más allá del efecto descomunal que produce en el déficit fiscal. Una mentalidad cortoplacista y la proposición de acciones de alcance limitado no van a solucionar el desorden en la gestión institucional. El desarrollo económico y social del país no se logra porque los funcionarios acumulen antigüedad en sus puestos, sino porque se desempeñen con eficiencia y eso es justamente lo que se debe incentivar.
No sigamos ignorando esta farsa, más bien plantémosle cara para que en su lugar tengamos un verdadero sistema de evaluación de resultados y rendición de cuentas en la función pública.
Paola Gutiérrez Mora es abogada laboralista.