Tristeza e indignación provoca el campo pagado del 4 de setiembre en «La Nación», firmado por auditores internos de 12 municipalidades para justificar por qué no hacen bien su trabajo para combatir la corrupción.
Sus argumentos se resumen en dos puntos: que nos se les asignan suficientes recursos y que los jerarcas incumplen o desatienden sus recomendaciones. Entonces, como niños incomprendidos, solicitan a la opinión pública que no los censure por dejar pasar las irregularidades en sus instituciones.
Quizá es cierto que la auditoría interna de un municipio promedio no cuente con suficientes recursos, pero ¿acaso con un buen salario a tiempo completo (que lo tienen provisto de todas las garantías sociales), escritorio y computadora con Internet, una o dos personas no son capaces de investigar actos que resulten sospechosos? Los gobiernos locales costarricenses suelen ser entidades pequeñas, donde casi todo se sabe.
Para llevar a cabo la labor auditora no se requieren vehículos de lujo u oficinas con jacuzzi. A lo sumo, viáticos para efectuar el trabajo de campo, y no creo que eso se les niegue. Además, la Ley General de Control Interno concede a las auditorías un inmenso poder, que no ostenta cualquier ciudadano, de consultar todos los documentos necesarios y, por tanto, acumular las pruebas pertinentes.
Para ejercer ese poder, no son necesarias sumas millonarias, solo voluntad y esfuerzo de investigación en su tiempo laboral de por lo menos 40 horas semanales.
El segundo aspecto de verdad da vergüenza. Los buenos auditores saben bien que si un jerarca, en este caso un alcalde, ignora sus observaciones, les es posible acudir a los concejos municipales y, si ocurre lo mismo, tienen el respaldo de la Contraloría General de la República, o bien, de otras instancias como la Procuraduría de la Ética, el Ministerio Público e incluso los tribunales de justicia.
No es de recibo decir que obviaron denunciar la corrupción porque el jerarca no los atendió o hizo la vista gorda. Lo que ocurre, y en eso tienen razón, es que dependen de la administración activa para recibir recursos de operación y tal hecho, lamentablemente, muchas veces genera compadrazgos, como acceso a buenos vehículos, oficinas mejor acondicionadas, capacitaciones dentro y fuera del país, etc.
Por ello, en eso coincido, debe erradicarse tal vínculo presupuestario de las auditorías internas, no porque estén en la precariedad (porque no lo están), sino para que los auditores operen con mayor independencia y eviten ser complacientes con los jerarcas de turno u otros funcionarios de planta.
El espacio pagado que los 12 alcaldes publican, lejos de ser un llamado a la conciencia para que no los señalemos, genera enojo por la ventilación de excusas estériles. Entonces, si están tan limitados, ¿para qué sirven las auditorías internas?, ¿no es mejor, en ese caso, buscar otras formas de fiscalización y control?
En un país con una tasa de desempleo que ronda el 17 %, agradezcan que tienen un puesto estable y privilegiado y pónganse a trabajar con valentía y compromiso. Ya pasó el tiempo del «pobrecito».
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El autor es comunicador social.