Como productor agropecuario durante más de 50 años, tanto en Cartago, en la producción hortícola y lechera, como en Guanacaste, en ganadería de carne y cultivos de arroz, caña de azúcar, mango y otros, tengo la autoridad moral para manifestar que la agricultura es mucho más que una actividad económica relevante, ya que genera empleo y provee alimento, produce bienes sociales que facilitan el desarrollo económico y desempeña un papel vital en las áreas rurales, donde la necesidad de mejores oportunidades es mayor.
Durante casi tres décadas, no ha habido una política pública a largo plazo a pesar de que la agricultura es el trapito de dominguear de los políticos.
El sector fue dejado de lado en las últimas cinco administraciones. El jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no tiene poder de mando en las 11 instituciones que integran el Consejo Agropecuario Nacional, debido a que las decisiones de estas entidades deben ser aprobadas por una junta directiva, donde el ministro es un voto más.
El próximo ministro debe reestructurar las instituciones públicas del sector agropecuario desde el comienzo de su administración y no al final, puesto que los objetivos para los cuales fueron creadas cambiaron.
Es preciso analizar la función de varias, en vista de las necesidades actuales de los productores y las condiciones de los mercados interno y externo.
El Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) no cumplen sus fines desde hace muchos años. La inversión en tierras y asistencia del Inder dejan mucho que desear. Compró tierras de no muy buena calidad a precios excesivamente altos.
El CNP desempeñó un papel significativo durante unos treinta años; sin embargo, a finales de la década de los 80 dejó de funcionar. Aunque han tratado de fortalecerlo, los resultados no son los mejores.
Debe ser un instrumento que ayude a los productores en la toma de decisiones para evitar distorsiones en los precios de los bienes agropecuarios, los cuales resultan afectados por una serie de factores, tales como la concentración de un supermercado, la manipulación de los precios en las subastas ganaderas, la intermediación y mal manejo en el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada), etc.
Los sectores agropecuario y agroindustrial han señalado el rezago que sufren los productores en materia de innovación, investigación y transferencia tecnológica. Los avances mundiales son evidentes, pero no estamos aprovechando la oportunidad, y, consecuentemente, la actividad agropecuaria está rezagada en competitividad.
El problema de fondo es que la transferencia de tecnología no se efectúa de forma general y sistemática, solo contamos con casos aislados y esporádicos. La extensión agrícola que brinda el MAG es poca o nula, y las investigaciones requeridas en las distintas áreas sectoriales pocas veces se ejecutan.
Año tras año nos enfrentamos a la sequía en Guanacaste, y el MAG lo que hace es aplicar paliativos o toma acciones de corto plazo, cuando lo necesario es tecnología para que los productores enfrenten la crisis climática con medidas a largo plazo.
Es vital que el MAG y las universidades públicas, conjuntamente, realicen la extensión agropecuaria. De modo que las necesidades de transferencia e innovación de tecnología se produzcan de manera práctica y eficiente.
Este involucramiento proactivo de las universidades es exitoso en otras latitudes, por ejemplo, la Universidad de California lleva a cabo la extensión agrícola en ese estado, y esa es la razón por la cual ocupa el primer lugar del PIB agrícola de Estados Unidos.
Otro aspecto primordial es el acceso al crédito. Por citar un ejemplo, en el 2021, en promedio, el porcentaje destinado al sector agropecuario representó el 3% del total otorgado por el sistema financiero. Mientras que en el año 1998 era del 10%.
Como agricultor, siento tristeza y enojo al ver cómo las instituciones del Estado gastan miles de millones de colones en proyectos y propuestas de políticas que en nada nos benefician, pero, por otro lado, los bancos dicen que no tienen dinero para otorgar crédito a los productores.
Los retos son grandes y numerosos; sin embargo, el productor nacional es propositivo y está dispuesto a dar la lucha por mantenerse trabajando la tierra y dando su aporte al país. Espero la reacción positiva y responsable de las instituciones que pueden propiciar un agro fuerte y competitivo.
camaradeagricultura@cnaacr.com
El autor fue presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, presidente del Centro Agrícola Cantonal de Cartago y director de la Universidad Earth. Actualmente es directivo de Agricultores Unidos de Cartago. Obtuvo el Premio al Mérito Pecuario 2015 y al Mérito Lechero 2020.
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