El Gobierno de la República no ha dicho la verdad sobre el tope a las denominadas “pensiones de lujo” y, lo que es peor, los medios de comunicación han divulgado la noticia como cierta, confundiendo a la opinión pública.
El Gobierno dijo que, en el mes de setiembre, pondría el tope a 910 pensiones de lujo, de las cuales 600 serían del Magisterio Nacional, con lo cual recaudaría ¢12.000 millones al año. Lo único cierto es que aplicaron el tope en el mes de setiembre. Recaudaron apenas ¢488 millones y las 600 pensiones del Magisterio Nacional se redujeron a 218, que son las más bajas de la escala de lo que llaman “pensiones de lujo”: el 76,35% está entre ¢2.449.000 y ¢3.500.000. Las demás están exentas por ley.
De los montos señalados, las personas reciben, aproximadamente, entre 25% y 30% menos debido a las deducciones correspondientes al artículo 70 de la ley 7531, impuesto de renta, Caja Costarricense de Seguro Social, Junta de Pensiones y Sociedad de Seguros de Vida. Y, así, una pensión de ¢2.449.000 queda en ¢1.850.000. Por otra parte, aproximadamente, a 12 pensiones mayores de ¢5 millones se les aplicó el tope.
¿A quiénes se nos aplicó la ley 7858? El 80% somos personas mayores de 75 años, las más viejas y ancianas del Magisterio Nacional, muchas de ellas enfermas y discapacitadas, en sillas de ruedas, con andaderas o bastones, con tanques de oxígeno o postradas en camas.
En el listado de “topados” encontramos nombres de los grandes hombres y mujeres educadores, forjadores de este país: rectores, decanos, directores de escuela, profesores eméritos, escritores, artistas, premios Magón y premios nacionales, investigadores y mujeres que rompimos los esquemas en busca de la igualdad. En fin, se trata de personas que enorgullecen nuestra historia patria.
Tope sobre tope. El Ministerio de Trabajo y “Seguridad Social” nos agrede aplicando tope sobre tope de otra ley que no es la del Magisterio Nacional, cuando ya pesan sobre nuestras pensiones altas cotizaciones señaladas por los tribunales de justicia, como “excesivas y confiscatorias”, y que las autoridades conocen muy bien, pues el viceministro fue el director ejecutivo de la Junta de Pensiones por muchos años.
Por su parte, el ministro de Hacienda procedió en setiembre al rebajo de nuestras pensiones, aunque, el 14 de marzo, en la Asociación de Funcionarios Univer-sitarios Pensionados prometió: “… por supuesto, cualquier cambio en pensiones lo haría de común acuerdo con los grupos interesados y Jupema”. Una promesa que no cumplió. ( Ver Helio Fallas, https://www.youtube.com/watch?v=Ypj3xyWeXQc).
Las personas de más de 75 años tenemos más de 25 años de pensionadas y más de 50 años de cotizar con los más altas contribuciones de todos los regímenes de pensiones de Costa Rica. Y a mayor cotización, mayor pensión, y viceversa. Si, desde 1958, los Gobiernos se gastaron nuestro fondo de pensiones, no es culpa nuestra depender del Presupuesto Nacional. Es una deuda que deben saldar.
Mientras, en todos los países del mundo, grandes organizaciones internacionales y nacionales promueven los derechos de las personas adultas mayores, en Costa Rica se nos maltrata psicológica y patrimonialmente, irrespetando la ley 7935 (Ley Integral para las Personas Adulta Mayores) y la 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad).
Señor presidente, señores ministros de Hacienda y de Trabajo, y viceministro de Trabajo: tengan la seguridad de que, así como siendo jóvenes defendimos la patria y somos parte de esa historia de la seguridad social que ha hecho de Costa Rica un país líder en los derechos humanos, así también seguiremos defendiéndola con la misma pasión.
Podemos tener la piel arrugada, o los cuerpos mutilados o con discapacidades, pero no así la energía ni la razón. Estamos todos juntos defendiendo los derechos sagrados de nuestras pensiones, con o sin sillas de ruedas, andaderas, bastones o tanques de oxígeno, bajo el sol o la lluvia, acompañados de nuestras familias, hijos, nietos y bisnietos, y de la gente solidaria con las personas adultas mayores, confiando en los tribunales de justicia.
Teresita Aguilar Mirambell, máster en Seguridad Social, exdiputada y exsecretaria del Partido Acción Ciudadana.