Como toda entidad administrada por seres humanos, la Universidad de Costa Rica (UCR) no está exenta de cometer errores. Por esa razón, hemos tomado una serie de acciones para subsanar la situación que ha sido ampliamente divulgada por el diario La Nación acerca de los dos programas de posgrado en Odontología: la especialidad en Odontopediatría y la maestría profesional en Prostodoncia, desde que la Oficina de Contraloría Universitaria (OCU) inició a mediados del 2015 una investigación para responder a una denuncia anónima.
En virtud de lo actuado, no concordamos con lo apuntado por el periodista Armando Mayorga, jefe de redacción de La Nación, en su columna “Buenos días” del jueves 28 de abril, titulada “La vara de la UCR”, donde afirma que la UCR actúa de forma diferente ante las injusticias que suceden en su propio entorno. Nada más lejos de la realidad.
A inicios de enero del 2016, la OCU emitió una serie de recomendaciones en relación con cobros extraordinarios en la especialidad de Odontopediatría y en la maestría profesional en Prostodoncia, la decanatura del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), con el visto bueno de la Vicerrectoría de Investigación, inactivó temporalmente los proyectos de Extensión Docente asociados a los pagos y puso en marcha un estudio técnico sobre las necesidades financieras para definir la sostenibilidad de estos programas y el modelo que debería seguirse para impartir los planes de estudio respectivos.
Al mismo tiempo, en concordancia con lo señalado por la OCU sobre los cobros extraordinarios con los que algunos estudiantes han sentido afectados sus derechos, la UCR tomó las previsiones del caso y ya se devolvieron esos dineros a siete estudiantes y se analizan caso por caso las solicitudes de otros trece, a quienes se les explicó el procedimiento mediante el cual se les devolverá el dinero con prontitud.
Paralelamente, el Consejo Universitario, como órgano fiscalizador de la gestión universitaria, ha analizado el caso durante varias semanas y recibido al contralor, a la decana del SEP y al director del posgrado en Odontología, y sugirió a estos últimos acatar las recomendaciones de la OCU, ya antes aprobadas por la decanatura del SEP y la vicerrectoría de Investigación.
A diferencia de lo que apunta Mayorga, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas que promueve la UCR en todas sus dependencias, tanto el rector, como la directora del Consejo Universitario y sus miembros han apoyado el estudio detallado de cualquier situación que presente dudas o irregularidades para nuestra institución, como es el caso de la sesión extraordinaria convocada para el miércoles 6 de abril por el Consejo Universitario, en la que sus miembros hicieron un análisis informado sobre estas denuncias.
Más recientemente, el 14 de abril pasado, el Consejo Universitario recibió también a nueve alumnos de los dos posgrados de Odontología, quienes hasta ese momento oficializaron sus denuncias por escrito, sin las cuales era imposible, a riesgo de caer en arbitrariedades y precipitaciones, iniciar el debido proceso, y el lunes 18 de abril el rector recibió en su despacho a un grupo de estudiantes de ambos posgrados.
Inmediatamente, la Rectoría giró la directriz al SEP de abrir un proceso disciplinario, el cual se revisó y, como lo indica el reglamento del SEP, se trasladó el 22 de abril a la Comisión Instructora Institucional.
A su vez, este 26 de abril, el Consejo del SEP, con la presencia de la decana, la vicerrectora de Investigación y representantes de las áreas de Salud, Ingenierías, Ciencias Básicas, Ciencias Agroalimentarias y Artes y Letras, acordó de forma unánime y en firme la intervención del posgrado en Odontología, que cubre todos los programas de la Facultad, incluidas las especialidades en mención. Como parte de este proceso se busca un ordenamiento de los procesos y velar por que se cumplan las medidas cautelares solicitadas por el estudiantado.
Alguna vez esperaríamos que La Nación aplicara una justa medida a las acciones que la UCR ha tomado en este caso, para informar de forma más equilibrada a sus lectores. Lamentablemente, no creemos que esto sea posible en un contexto de deslegitimización sistemática de la educación superior pública como el que se vive actualmente en el que toman parte activa algunos medios de comunicación.
Henning Jensen
Rector UCR