Es valioso que se conozca previamente a las elecciones, el pensar y el actuar de los candidatos en relación con uno de los principales proyectos urgentes para el desarrollo del país: La Ley de Garantías Mobiliarias. El proyecto requiere el apoyo urgente de los candidatos para hacerse realidad, y ofrece una oportunidad única a los aspirantes a la presidencia de demostrarnos a los costarricenses su sentido de la urgencia en atender los asuntos de gran importancia para el país.
Costa Rica requiere importantes cambios en muchas áreas para avanzar en el desarrollo socioeconómico y mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Todos estos cambios deben realizarse con gran conciencia social, con la mirada en el cielo, con los pies en la tierra y, sobre todo, con un gran sentido de la urgencia. Los costarricenses sabemos que nuestra democracia se erosiona y que el tiempo apremia, y queremos un líder que se enfoque en los asuntos importantes y los atienda con prontitud. La democracia y las circunstancias nos brindan, en los próximos días, una oportunidad maravillosa de poder valorar a los candidatos con base en su actuar y no en sus promesas.
La Ley de Garantías Mobiliarias pretende incrementar el acceso al crédito, uno de los cambios fundamentales para el desarrollo socioeconómico de Costa Rica. Tenemos un enorme segmento de la población no bancada y sin acceso a préstamos, incluso comparándonos con países menos desarrollados. La forma en que se lograría que el financiamiento llegue a una mayor parte de la población es por medio de la ampliación de los bienes que pueden ser dados en garantía y del alcance sobre los derechos de estos, junto con un régimen unitario y simple que permita la constitución, publicidad, prelación y ejecución de las garantías mobiliarias en el Registro Público.
La nueva Ley permitiría dar en garantía cosechas, ganado, derechos futuros sobre el valor de la madera en pie, inventarios, maquinaria y equipo, contratos o sus derechos asociados, bienes intangibles (como derechos de llave o marcas o software u otros tipos de propiedad intelectual), derechos de cobro sobre cuentas por cobrar, facturas o recibos de tarjetas de crédito, y flujos de caja en cuentas bancarias, entre otros. Adicionalmente, el bien garantizador puede respaldar líneas de crédito cuyo monto puede crecer si el valor del bien aumenta.
Beneficios mundiales. Leyes similares implementadas en países en vías de desarrollo, en la última década, ya han demostrado grandes mejoras en indicadores económicos y un crecimiento sin precedentes en el crédito a los pequeños negocios. En Honduras, donde la ley funciona desde el 2011, las garantías inscritas son de todo tipo de bienes y superan por mucho las existentes previamente, los prestamistas están dispuestos a otorgar créditos a tasas razonables (verificables públicamente) y se han beneficiado todos los sectores económicos, especialmente los de la economía informal.
En China, entre el 2003 (cuando entró en vigencia la ley) y el 2009, se colocaron $3,5 trillones, de los cuales una tercera parte fue para las 70.000 pymes que representaban el 62% de las empresas receptoras de créditos. Cabe resaltar que, adicionalmente, se generó un gran crecimiento en el sector financiero, donde el factoreo creció casi 30 veces (pasó de $2,7 billones a $67 billones).
En México, donde la ley se implementó a finales del 2010, junto con un sistema de registro transparente, público, electrónico, en tiempo real, y sin costos como porcentaje del préstamo, el crédito a los negocios se quintuplicó en un año, para alcanzar $110 billones, de los cuales el 90% fue para pymes y el 50% para el sector agrícola. En Ghana desde la implementación de la Ley en marzo del 2010, se han realizado más de 2.0000 préstamos a pymes que suman $800 millones, y se ha observado un gran crecimiento en pequeñas empresas que suplen o dan servicios a las grandes compañías, financiadas con el respaldo de los contratos o cuentas por cobrar a estas.
Una creciente proporción de las pequeñas empresas de decenas de economías emergentes ha empezado a tener acceso al crédito con importantes mejoras inmediatas en generación de empleo, reducción de pobreza, y desarrollo en general.
En Costa Rica, el proyecto se elaboró en una comisión interinstitucional de amplia representación, se presentó a la Asamblea Legislativa con el expediente N.° 18.709 y, desde marzo del 2013, la Comisión de Asuntos Económicos la envió a consulta a todas las instituciones y sectores involucrados.
Es fundamental que se conozcan los alcances de esta ley: un asunto urgente de gran beneficio para el país y que incide directamente en el bienestar de los ciudadanos.