Pese al fallo de la Corte Internacional de Justicia ratificando el derecho perpetuo a la libre navegación de los costarricenses por el río San Juan, autoridades nicaraguenses insisten en obstaculizar el ejercicio pleno de ese derecho para los habitantes ticos que requieren el río para objeto de comercio y turismo.
Innumerable cantidad de veces, antes y después del fallo emitido en La Haya que acogiera la denuncia de Costa Rica en contra de los atropellos del régimen de Daniel Ortega, ciudadanos ticos han tenido que soportar impunemente el trato irrespetuoso de quienes insisten en no querer admitir que la libre navegación por gran parte del río es un derecho que los ticos no aceptamos que se nos cuestionen.
Ante ello, y como alternativa razonable y, muy importante, pacífica, el Gobierno de Costa Rica tomó las previsiones legales que le permitieran construir una trocha, una carretera rústica, que conectara los caminos existentes en terrenos de propiedad estatal y privada ubicados al sur de la margen derecha del río, o sea, donde Costa Rica ejerce su soberanía territorial indiscutible. Y lo hizo, como raras veces sucede, diligentemente para superar así los obstáculos que era fácil prever se irían a dar en ambos países.
Unos porque con una vía terrestre alterna, y sin tener que renunciar a los derechos de navegación que tenemos sobre el río, las acciones coercitivas ejercidas por las fuerzas armadas nicas contra los habitantes ticos tendrían mucho menor efecto. Otros por su afán de denunciar, así parece, todo lo que hace un gobierno con el que no se simpatiza, aunque como en esta oportunidad se trate de acciones razonables en pro de los mejores intereses nacionales, por lo cual se hace uso de argumentos matizados del interés ambiental.
Aclaramos que es innegable que dicha trocha vendrá a aumentar el existente impacto ambiental que las actividades humanas provocan sobre el ecosistema de la zona, producto principalmente de las actividades agrícolas y pecuarias que trajeron consigo una alta tasa de deforestación en gran parte de la región por las que discurre la vía rústica.
Pero también es innegable que, como parte de cualquier proceso de desarrollo sostenible, necesariamente habrá de colocarse en una balanza el impacto social y económico beneficiosos que permitan valorar objetivamente la viabilidad de un proyecto, y es aquí donde la mayoría de los ticos parecemos coincidir en que se trata de un proyecto positivo, incluso si se considera que vendrá asimismo a favorecer el tratamiento de los conflictos propios de la geopolítica del área. Proyecto que jamás podría afirmarse que tiene por objetivo provocar degradación ambiental alguna sobre la cuenca binacional que como nación hemos de salvaguardar.
Dentro de este contexto es imprescindible admitir que Gobierno de Costa Rica se vio obligado por las circunstancias a actuar para así contrarrestar las acciones indebidas del vecino al que parece no gustarle lo dispuesto en 1858 cuando, en un tratado de límites, se dispuso que un río nicaraguense, por cuya margen derecha correo la delimitación entre ambos países, los costarricenses tenemos derecho a navegarlo libremente.
No se renuncia a ningún derecho al tiempo que se plantea una respuesta ingeniosa a la provocación y que, además, por cosas del destino, promoverá el desarrollo de pueblos que durante años no han merecido la atención de los entes gubernamentales de Costa Rica.
Por tanto, no es razonable exigir un procedimiento regular, como sería la realización de una evaluación ambiental para el proyecto de la trocha, en momentos en que se vive una situación de emergencia, irregular, geopolíticamente sensible donde el diálogo es por ahora aparentemente imposible.
Hay momentos en la vida en que se habrá de tomar decisiones inteligentes, pero urgentes, para beneficio del bien común, y este es uno de ellos.