El Gobierno de la República, a través de su Ministerio de Ambiente y Energía, ha abierto un espacio plural y participativo para la conformación de un diálogo nacional sobre el tema energético, acción que se ha señalado como “un experimento de participación ciudadana”.
Con ese propósito se ha invitado a los actores clave en materia de energía, pertenecientes al sector público y privado, a participar en un esquema de mesa de diálogo en la que se pretende recoger y sistematizar las propuestas de los actores, realizar foros en los ámbitos regional y legislativo, así como elaborar un Plan Nacional de Energía. Se prevé, además, la posibilidad de que la ciudadanía siga el proceso y participe en él de forma activa.
La Ley número 7727 –Ley de resolución alterna de conflictos y promoción a la paz social – en el artículo 2 señala: “Toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación el arbitraje y otras técnicas similares para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible”. Como el artículo incorpora la palabra “todas”, la ley comprende tanto a personas físicas como jurídicas, sean estas de naturaleza pública o privada, de tal forma que el Gobierno y sus Ministerios tienen el derecho de recurrir a mecanismos de diálogo para la solución de diferencias y la transformación de los conflictos, lo que constituye, también, una iniciativa de promoción de la paz social.
Método RAC. La implementación, por parte del Gobierno, de un mecanismo como la mesa de diálogo para la elaboración de un Plan Nacional de Energía responde a una técnica propia del manejo y la solución de conflictos, reconocida como método RAC. Ya sea que se trate de conflictos identificables en forma concreta y actual o de conflictos latentes que aún no se manifiestan en forma visible, la aproximación al problema por esta vía constituye, sin lugar a dudas, una medida de prevención y de abordaje inteligente de un tema complejo como la matriz energética.
La existencia de múltiples actores con intereses muy variados, interdependientes entre sí y relacionados con un tema tan sensible como la energía, presagia la generación de diferencias y conflictos, que si no se tratan de manera adecuada, fácilmente pueden desembocar en decisiones inadecuadas y lamentables episodios de violencia social.
Solo un proceso de diálogo responsable, comprometido y creativo por parte de los actores claves del sector, en el que, además, se incluya a la ciudadanía, puede transformar una situación de desequilibrio en una oportunidad de desarrollo y bienestar común.
La vulnerabilidad y la fortaleza de los métodos de diálogo para la trasformación de los conflictos sociales residen en una misma condición: la voluntariedad de la participación.
Elaborar una agenda que incluya las necesidades de todas las partes, generar un espacio de respeto y de confianza, así como mantener los canales de comunicación abiertos, propiciando un intercambio constructivo de opiniones y propuestas, favorece la confluencia de elementos comunes y coincidencias capaces de transformar no solo el conflicto, sino también a los actores del diálogo, para que logren ajustar sus intereses individuales o de grupo ante los intereses sociales de bien común que tanto necesita el país.
Esperemos que los actores claves y la ciudadanía se involucren y participen en forma activa, respetuosa y responsable a fin de que el “experimento” que propone el Gobierno de la República resulte exitoso, y que ese esquema de diálogo para la trasformación de los conflictos pueda replicarse en tantas otras áreas en las que hoy resulta urgente llegar a acuerdos de carácter nacional.