La masacre de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ha provocado una enorme indignación social. Es una reacción justificada y natural. Dada la historia remota y reciente de Guerrero, la tragedia tenía fatalmente que ocurrir. Lo extraño es que no ocurriera antes y que las diversas instancias de gobierno no la previeran y evitaran. No todo México es Guerrero, pero así lo parece ahora.
Estado ingobernable. Guerrero es un estado rico en playas y recursos naturales (es el primer productor de oro en México), pero padece una honda marginación: el 70% de sus habitantes vive en la pobreza. Su tasa de homicidios, superior en cuatro veces a la media nacional, es la más alta del país y acaso lo ha sido siempre. Ingobernable desde tiempos coloniales, fue teatro destacado de todas las guerras nacionales. Su historia política ha sido una secuela de despojos, golpes, traiciones, desafueros, desconocimientos, derrocamientos y divisiones, dirimidas a machetazos.
Recuerdo la matanza de Chilpancingo en 1960. Para mí, y para muchos mexicanos, fue el fin de la inocencia. Aunque el gobernador fue destituido, aquellos hechos impulsaron el activismo de la izquierda, alentado a su vez por el reciente triunfo de la Revolución cubana. El foco de ese espíritu revolucionario fue precisamente la Normal Rural de Ayotzinapa. Fundada en los años 20, siguió los principios de la educación socialista y siempre mantuvo una filiación marxista. De esa escuela surgió Lucio Cabañas, que, con amplio apoyo social, declaró –igual que Genaro Vázquez Rojas– la guerra al Estado mexicano.
Desde los años 70, Guerrero se volvió el estado más militarizado de México. Tras una década de intensa violencia (la “Guerra Sucia”) y la muerte de aquellos líderes guerrilleros, la zona se sumió en una engañosa calma, punteada por nuevos hechos brutales, como la espantosa matanza de “Aguas Blancas” en 1995.
Narcotráfico. Con el nuevo siglo, un ominoso protagonista incrementó su presencia: el narcotráfico. Guerrero era el estado ideal: una geografía accidentada (intrincadas e incomunicadas serranías), una ancestral cultura de la violencia, una sociedad resentida por las secuelas de la “Guerra Sucia” y tan pobre –en algunos sitios– como las zonas más depauperadas de África. Pero algo más atrajo irresistiblemente al crimen organizado: la corrupción política. En muchos municipios de Guerrero (y del país), los presidentes municipales y sus aparatos policíacos cobijan a los señores del narco, se asocian con ellos o, en algunos casos (como en Iguala), son ellos.
En Guerrero, el gobierno estatal del PRD, que lleva diez años al mando de la entidad, contempló este vínculo de la política con el crimen sin inmutarse (eso, en el mejor de los casos). El poder federal fue, cuando menos, omiso e ineficaz. Y el Ejército, que tiene una base importante cerca de Iguala, inexplicablemente dejó que la alianza perversa asentara sus reales.
La alianza prosperó. Hoy Guerrero concentra el 98% de la producción nacional de amapola. El presidente Obama citó recientemente un reporte de la DEA sobre un incremento del 324% en los decomisos de heroína en la frontera, entre 2009 y el 2013. Buena parte proviene de Guerrero. No es casual que Iguala haya sido el epicentro de la tragedia: una narcociudad exportadora de droga, gobernada por el crimen.
Por ‘revoltosos’. Y ¿los estudiantes? ¿Por qué matarlos? Carecemos aún de información sólida, pero el motivo parece haber sido este: con sus manifestaciones políticas, sus protestas cívicas e idealismo revolucionario, estorbaban el negocio. Por “revoltosos”, declaró uno de los asesinos.
Hace unos años en Monterrey, un grupo de sicarios incendió al Casino Royal y provocó 53 muertos. Esa masacre prendió todas las alarmas. La sociedad, los empresarios y los medios colaboraron directamente en la renovación integral de las Policías, invirtieron en obras sociales y educativas, fueron exigentes con el gobierno estatal y, si no lograron acabar con el problema, lo volvieron manejable. Algo similar ha ocurrido en Tijuana y en Ciudad Juárez. Por sus niveles de marginación y bajísimo nivel educativo, difícilmente se podrá replicar el modelo en Guerrero.
México necesita un sistema de seguridad y justicia que proteja lo más preciado: la vida humana. Cada día, el ciudadano –decepcionado de todos los partidos, los políticos y la política– se hunde más en el desánimo y la desesperación. Por eso, de la solución al problema de Guerrero depende –sin exagerar– la viabilidad de la democracia mexicana.