Hay palabras que definen la esencia de un problema. En Costa Rica, esa palabra es “desigualdad”. Pero no se limita a las diferencias de ingresos entre segmentos sociales.
Nosotros somos legión de contrastes, de vasos comunicantes que se extienden a los abismos que distancian el progreso territorial de las regiones, la distinta competitividad entre las empresas que exportan y las que suplen el mercado interno, las penosas disparidades de paisaje entre tugurios y residenciales, y el variopinto desarrollo tecnológico de las industrias.
Sea en el tema de la inequidad social, de la economía dual de las empresas o de las brechas territoriales, en todos los casos la pregunta es la misma: ¿Tienen que ver unas diferencias con las otras? Yo pienso que sí.
La heterogeneidad productiva y los distintos niveles de competitividad tecnológica, empresarial, territorial y humana conducen a disímiles patrones de ingresos familiares. Nuestros contrastes están patológicamente interconectados. Es el síndrome nacional de un desequilibrio que explica el creciente desapego de nuestra población con el statu quo. Eso es insostenible. ¿Qué hacer?
La respuesta de cajón es… “más inversión social”. El problema es que la inversión social ha llegado a un récord histórico y no arroja resultados notables. ¿Invertir mejor? ¡Ojalá fuera tan simple! Tal vez es hora de pensar fuera de la caja y abordar la lucha por la equidad desde el ángulo productivo, competitivo y empresarial.
Protagonismo empresarial. La experiencia internacional muestra, en todas partes, que el progreso de la competitividad y la innovación ha tenido formidables impactos para enfrentar las brechas sociales. Millones de seres humanos han salido de la pobreza en China, con el avance de la competitividad de las empresas. Corea, uno de los otrora países más pobres del mundo, se superó con una apuesta por la innovación, desde las primeras etapas formativas de su recurso humano.
El protagonismo del sector empresarial es decisivo para mejorar los procesos productivos e incrementar el valor agregado, pero el Estado es responsable de la creación del marco apropiado de políticas públicas sistémicas que faciliten esos procesos. La competitividad es, entonces, resultado de la interacción, ojalá concertada y con visión de largo plazo, del sector público y privado.
Diferentes países lo han comprendido así, estableciendo alianzas público-privadas en un marco institucionalizado, que va más allá de los períodos de una administración. Chile, Uruguay, Brasil, Colombia y México combinan ya sus intervenciones sociales con la creación de un liderazgo nacional de promoción de la competitividad.
Es positivo que don Luis Guillermo Solís acogiera la propuesta de Cacia de crear un Consejo de Competitividad con participación público-privada. Pero cualquier propuesta en esta materia no puede partir de cero, sin apropiarse de las lecciones aprendidas.
Nobleza obliga. Nobleza obliga a que el sector privado reconozca que, desde el inicio de la administración Chinchilla Miranda, se creó el Consejo Presidencial de la Competitividad y la Innovación (CPCI), que se ha ido abriendo a la participación privada. Es el tipo de cosas que hay que rescatar.
Se requiere, ahora, institucionalizar ese esfuerzo, llevarlo más allá de una gestión de gobierno, ampliarlo a la participación pública, privada y académica, y darle un sentido de estrategia-país, de largo plazo.
Competitividad. Existe una realidad poco conocida, y es que el Plan Nacional de Desarrollo está, por ley, restringido a un mandato. El país carece de una institucionalidad permanente, coherente y concertada para la competitividad, con liderazgo al más alto nivel. Desde el sector privado, el Consejo para la Promoción de la Competitividad nació comprendiendo la necesidad de una estrategia nacional de largo plazo.
Cacia retoma esta idea, en buena hora, y siembra en terreno abonado.
Los proyectos y programas de desarrollo competitivo tienen diversos tiempos de compleción que no pueden ser interrumpidos. Es un despropósito y un desperdicio de recursos y tiempo comenzar una iniciativa competitiva con la esperanza de que la siguiente Administración retome la estafeta.
Sin embargo, tampoco sería suficiente, a estas alturas, que el futuro presidente meramente retome el CPCI. Y es que darle continuidad a la iniciativa existente ya no basta.
Necesitamos evolucionar hacia el siguiente paso: hacia la creación de una institucionalidad de liderazgo colectivo, sentido definido de orientación estratégica, con visión de largo plazo, capacidad de evaluación de impacto y de rectificación de los procesos de mejoramiento de la competitividad y la innovación.
Partamos de lo que existe y, además, empujemos la carreta hacia adelante.
La tábula no está rasa.
Velia Govaere, directora ejecutiva del Consejo de Promoción de la Competitividad.