En la pasada campaña electoral, como candidato, Rodrigo Chaves afirmó en varios foros que gobernaría por decreto, declaración que se usa como sinónimo de gobernar en el Poder Ejecutivo haciendo a un lado a la Asamblea Legislativa.
Por esta razón, en varias ocasiones, e incluso en el plenario legislativo, he repetido que en el Congreso haremos valer la institucionalidad y la división de poderes.
No obstante, en las primeras actuaciones de esta administración, se nota que la afirmación de gobernar por decreto no se refiere exclusivamente a la Asamblea. Por el contrario, incluye a órganos técnicos. Con ello, es posible desestabilizar la institucionalidad costarricense.
Hago este comentario a raíz de la pretensión de eliminar la obligatoriedad de la vacunación. El decreto me genera algunas preocupaciones.
Primero, que 48 horas después no había sido publicado. Esto provocó incertidumbre en la ciudadanía y sectores que deseaban conocerlo con detalle.
Segundo, que no haya sido consultada la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, ente técnico facultado para este tipo de consideraciones.
Tercero, pensando más allá de la pandemia de la covid-19, me inquieta que la decisión abra un peligroso portillo para futuras definiciones sin criterios técnico-científicos sobre las vacunas.
Sería lamentable, ya que Costa Rica es exitosa en ese campo e incluso fue reconocida internacionalmente por ello.
Hemos alcanzado niveles de vacunación masivos que protegen a la población de varias enfermedades transmisibles. En el caso de la pandemia, la vacunación obligatoria contra la covid-19 permitió alcanzar altos porcentajes de inoculación, ingrediente que contribuye a la necesaria protección de la salud de la población, la reactivación económica y mayores libertades de movilidad, así como la reducción o eliminación gradual de restricciones, como el uso de las mascarillas.
Comparto las preocupaciones de gremios, colegios profesionales del sector sanitario y muy respetados especialistas que han dado excelentes opiniones y criterios en estos dos años de pandemia.
También, es bueno recordar que, en materia de salud pública, la colectividad está por encima de los derechos individuales, por eso, la vacunación obligatoria tiene sustento técnico-jurídico y ese debe ser el único norte.
Si bien es cierto que al principio de un nuevo gobierno se debe dar tiempo a las autoridades para su acomodo, como salubrista pública, no puedo ni esperar ni guardar silencio en esta coyuntura.
Estamos ante lo que podría ser el comienzo de un nuevo actuar presidencial: introducir la política donde debe prevalecer la ciencia. Esto es sumamente grave.
Como diputada, y basándome en mi formación profesional, solicito al presidente dejar a las autoridades del Ministerio de Salud continuar manejando los asuntos sanitarios y no trasladar la definición a la Casa Presidencial.
Más bien, se debe fortalecer a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología.
La autora es diputada.