La esperada reunión entre Rodrigo Chaves, presidente de la República, y la contralora Marta Acosta evidenció que en las decisiones de la Contraloría no existe el ánimo ni la intención de obstaculizar proyectos, sino que se efectúen apegados a las leyes y en el mejor interés para el país. Esa es la función esencial de la entidad.
Esperemos que la claridad de las respuestas y explicaciones del equipo contralor permita a los jerarcas del Poder Ejecutivo recapacitar y vislumbrar procedimientos alternativos legales para la ejecución de los relevantes proyectos de los escáneres y Ciudad Gobierno, como les fue sugerido en la reunión.
De no hacer los ajustes necesarios para que los procedimientos cumplan con la normativa legal, la responsabilidad de que tales planes no se hagan realidad será exclusivamente de los gobernantes, por su tozudez.
Lamentablemente, las reacciones de Chaves durante y después del encuentro, su porfía, su cerrazón, no presagian un cambio de actitud.
Además de exponer sus reparos a los criterios legales que sustentaron las decisiones del ente contralor, el presidente, como era de esperar, utilizó la cita para montar un show similar al de las conferencias de prensa de los miércoles en Zapote, abusando de protagonismo y de su discurso populista.
Un discurso con el que pretendía trasladar la responsabilidad a la Contraloría, culpándola de que por sus decisiones el país no pueda recibir los beneficios de los escáneres y de Ciudad Gobierno, que por sus decisiones se obstaculiza la lucha contra el narcotráfico y evita que la Administración Pública y sus instituciones ahorren miles de millones de colones en alquileres que bien podrían destinarse a la solución de otros problemas sociales.
Ante tanta demagogia, es de aplaudir el profesionalismo, la prudencia y la cortesía con que actuaron Marta Acosta y su equipo, quienes se limitaron —en respuesta a los cuestionamientos y la perorata del mandatario— a exponer sus opiniones y argumentos con fundamento en las disposiciones de nuestra Constitución Política, las leyes y los reglamentos que son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública.
Parece que Rodrigo Chaves, después de casi dos años en el poder, no ha entendido que los proyectos, por más necesarios que sean, deben diseñarse y ejecutarse respetando nuestro ordenamiento jurídico, que la conveniencia no lo exime de los procedimientos y normas que se deben observar.
Al respecto, la contralora fue contundente al expresarle, al final de la reunión, que “en democracia la aplicación de la ley no es una opción, es una obligación”.
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El autor es exembajador.