La celebración del cincuentenario de las Naciones Unidas no cobraría verdadero sentido si su Asamblea General no reafirma con sus actos el propósito fundamental que inspiró la creación de este organismo: reunir a los pueblos de la tierra en un foro en el que pudieran dirimir sus diferencias, compartir ideales y realizar un permanente esfuerzo de concertación en pro de la paz y la cooperación entre las naciones.
Hoy día, paralelamente a la globalización económica, se viene produciendo una fragmentación política que da nacimiento a países hasta ayer partes integrantes de otros. Este contrasentido demanda de los gobiernos amplitud de miras y un espíritu conciliador para convertir a la ONU en un haz de voluntades, capaz de impulsar la grandiosa y difícil tarea de buscar solución a los más graves problemas, mediante la indispensable cooperación de todos los países del mundo.
Resulta por ello impostergable la admisión en las Naciones Unidas de la República de China, una nación responsable y solidaria que ha llegado a hacer de su democracia la garantía de su paz, y ha puesto el fruto de esa paz al servicio de otros pueblos.
La República de China en Taiwán ha otorgado amplia ayuda a buena parte del mundo a través de diversas instituciones financieras, creadas por ella misma o de las que es partícipe, pero, sobre todo, ha brindado constantemente una extraordinaria y oportuna cooperación a muchos países en asuntos vitales para ellos, o en momentos en que necesitaban una urgente ayuda humanitaria.
Y todo esto ha sido posible porque su pueblo --veintiún millones de seres humanos--, de disciplina y laboriosidad probadas, bajo la guía del Gobierno de Taipei, ha logrado un desarrollo espectacular para el país, que ocupa el décimo lugar en el comercio mundial y el número diecinueve por su producto nacional bruto, con $12.000 per cápita, lo cual le ha permitido acumular una reserva de $100.000 millones, la segunda más grande del mundo.
Como se puede ver, la República de China es una realidad política incontrastable y su incorporación a la ONU no cambiaría su estructura legal, ni su organización económico-social, o su política exterior. Solo ampliaría su ámbito de acción por el aporte que brindaría a las actividades de los organismos que llegue a integrar.
Por otra parte, desde que la China Continental entreabrió sus fronteras, inversionistas de la República de China han levantado allá unas 15.000 empresas con una inversión superior a los $20 billones. Además, ambas repúblicas participan en el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico y han organizado asociaciones intermediarias para impulsar intercambios a través del Estrecho de Taiwán. Así han venido aumentando en la República de China seminarios, exposiciones, ediciones de libros y otros actos con participacion de la China Continental, que requiere permanentemente asistencia tecnológica, inversiones, ideas novedosas para tornar más eficiente su organización socioeconómica.
Ese proceso de racional entendimiento que tanto podría ampliarse con la presencia de ambos países en las Naciones Unidas, se aseguraría a la República Popular el rumbo hacia la prosperidad, pero interrumpirlo sería agregar nuevos desafíos a los que ya enfrenta, aparte de sus complejos problemas sociales y políticos.
Hace pocos días los electores de Hong Kong, que pasará a manos de Pekín en 1997, eligieron un parlamento cuya mayoría no se identifica con aquel régimen. Esto sitúa al Gobierno de la República Popular en la encrucijada de dialogar y transigir para poder gobernar ese nuevo enclave de su territorio, o clausurar el Congreso, arriesgando provocar un nuevo Tiananmen de proporciones descomunales.
Por otra parte, sustituir el diálogo y tratar de intimidar con amenazas a la República de China, como lo ha hecho recientemente, revela una crisis de inconsistencia y debilidad ante la consolidación democrática de la República de China con las elecciones populares y directas de un nuevo Congreso el próximo diciembre y las de un Presidente en marzo del año entrante, lo cual apareja un respeto cada día mayor por los derechos de sus ciudadanos, y eleva aún más su prestigio en la comunidad de naciones.
Esta situación no es ajena al mundo, que, por una parte, ve con interés la defensa y aplicación efectiva de esos principios y observa, por la otra, la necesidad incuestionable de evitar cualquier chispa en el Pacífico Sur Oriental que puede incendiar el resto de la región, inmersa en un dinámico proceso de desarrollo que despierta grandes esperanzas en sus pueblos y es vital para su estabilidad.
Haciéndose eco de las múltiples angustias de los pueblos "en este siglo de infortunios", su santidad Juan Pablo II, su vocero más autorizado, acaba de exhortar a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que unida por un gran principio moral inspirado en la "ética de la solidaridad", entre al siglo XXI sin aislar a nadie, al contrario, gestando en cada uno de sus miembros un sentimiento de amor y responsabilidad por los otros, como "única forma de resolver los problemas políticos, económicos y sociales" que aquejan a la humanidad.
Obviamente los pueblos libres y sus representantes no pueden ser cómplices de ningún menguado interés que pretenda romper esa solidaridad.
La República de China debe ser admitida ya en las Naciones Unidas.