La conocida restricción que el Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso a la inversión en el sector público durante la década de los 90 generó el déficit de infraestructura pública que hoy sufre el país en los sectores de vialidad, salud y educación.
¿Por qué la infraestructura de generación eléctrica a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no fue afectada de igual manera? La razón es que el ICE buscó una solución que fuera consistente con las políticas macroeconómicas a las que el país fue sometido y que le permitiera, a la vez, cumplir a cabalidad su cometido legal y el fin para el cual fue creado: satisfacer la demanda eléctrica en todo el territorio nacional. Esa solución fue el fideicomiso.
El ICE fue pionero en la adopción de este esquema; y lo ha hecho muy bien. Logró el desarrollo de cuatro plantas de generación eléctrica, con una capacidad conjunta de 360 megavatios y una inversión de alrededor de $800 millones, con las mejores tasas de interés prevalecientes en el mercado.
Esto libró al país de desabastecimiento eléctrico y evitó daños para la economía patria. Así de claro.
Financiamiento efectivo. En lo que se refiere a los financiamientos, las hidroeléctricas Peñas Blancas (2002) se estimó en $70 millones y se financió con $68,3 millones, Cariblanco (1997) se valoró en $170 millones y su financiamiento final fue de $167 millones, Toro III (2012), construida en alianza con JASEC, se contrató por $188 millones y se pagó, efectivamente, con $188 millones. En este caso, el fideicomiso entró a operar cuando el proyecto llevaba 75% de avance y con el fin de obtener el financiamiento.
La térmica Garabito (2010) se calculó en $427 millones y se financió con $371 millones.
Por último, Las inmerecidas críticas a los fideicomisos del ICE son solo eso: ataques infundados.
Fideicomiso a tiempo. Ninguno de estos proyectos eléctricos ha sufrido atrasos. Peñas Blancas y Cariblanco entraron en operación antes de la fecha prevista. Garabito, una vez logrado el cierre financiero, no tuvo atraso ni incrementos de costo, y lo mismo es válido para Toro III. Es decir, una vez constituida la Unidad Ejecutora del Fideicomiso, la ejecución del proyecto no sufrió atraso.
A hoy, en ninguno de los cuatro fideicomisos ha sido necesario ajustar las cuotas de arrendamiento que responden por el financiamiento por pérdidas.
Sin sobrecostos constructivos. En lo que se refiere al impacto en las tarifas eléctricas, los fideicomisos no son los únicos que las inciden en el corto plazo; lo mismo pasa con los esquemas BOT (construir, operar y trasladar, por sus siglas en inglés).
Los fideicomisos no han originado sobrecostos constructivos tal y como lo han indicado algunos. Por el contrario, en el caso de los BOT el ICE se enfrenta a cobros que son dos o tres veces superiores a los ofertados por los desarrolladores privados.
Lo que no puede negarse es que las consecuencias de ambos esquemas, en razón de sus plazos de amortización, eran de amplio conocimiento tanto de fiscalizadores como de reguladores, y contaron con las respectivas aprobaciones.
Frente a las críticas infundadas, en el ICE celebramos que se hubiese trabajado en la configuración del esquema de fideicomiso, pero sobre todo que se hiciera bien.
De haberse procedido en forma semejante en otras instituciones tal vez no estaríamos con los rezagos en infraestructura pública que, al menos en materia vial, parecieran orientarse con buen rumbo a raíz de la legislación recientemente aprobada.
Carlos Manuel Obregón es presidente ejecutivo del ICE