Aunque los miembros de la Corte Suprema de Justicia, magistrados, no son electos en forma directa por el pueblo, sino indirecta a través de la Asamblea Legislativa, el pueblo nunca puede perder el control sobre quienes figuran a la cabeza del Poder Judicial, lo contrario implica ignorar que el Gobierno de la República, entre otras exigencias: es popular, representativo, participativo, y lo ejerce el puebloy tres Poderes distintos (art. 9, Constitución Política).
La elección de presidente(a) de la Corte, máximo titular del Poder Judicial, nos concierne a todos. Las razones para su propuesta y escogencia, por el conjunto de magistrados(as), no pueden ser secretas (no son secretos de Estado: relativos a la seguridad o defensa y a las relaciones exteriores de la nación) ni privadas, y revisten un evidente interés público, no menor al que tiene la selección del titular de los otros poderes. La circunstancia de que la ciudadanía no le elija directamente, sino los mismos magistrados (electos a su vez en forma indirecta) acrecienta la necesidad de conocer, de previo a su elección, quiénes son los/las aspirantes al cargo, el procedimiento seguido para la designación y, por supuesto, las razones que privan para su escogencia. La omisión de ello implicaría falta de legitimación, al burlar al pueblo de la participación y el ejercicio del gobierno de la República, acordados en la Constitución y el sistema democrático.
El hecho de que el inciso 6 del Art. 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (deficitario de las exigencias actuales de transparencia en la función pública) le acuerde a la Corte designar, en votación secreta, al presidente, no implica que se ignoren los aspectos antes señalados, pues como cualquier otra norma debe ser aplicada en conjunto con el ordenamiento jurídico, acorde con la Constitución y los principios que rigen la función pública, entre los que debe destacarse la transparencia, que hace posible el control ciudadano, y obstaculiza la corrupción. Así, aparentemente, lo entendieron los(las) magistrados(as), al acordar, al inicio del proceso, que quienes deseaban presidir la Corte lo manifestaran previamente, con los argumentos que sustentaban su pretensión.
Esta exigencia mínima (pues realmente creemos que debe irse más lejos, sometiendo a un debate público a los candidatos) permitiría conocer a la persona aspirante, su pensamiento y lo que pretende hacer si fuera presidente(a), con lo que se eliminaría la absoluta arbitrariedad, haciendo posible un mínimo de control ciudadano, que al menos impida que “se nos recete gato(a) por liebre”.
Pese al buen inicio del proceso de selección, lo ocurrido luego en la Corte podría lleva a desvirtuar ese derecho del pueblo, si continuamos con el secretismo, con los(las) candidatos(as) no identificados previamente (por no llamarles sin rostro, ocultos o anónimos) a los que sería imposible cuestionar en forma alguna, pues ignoramos quiénes son, qué piensan y por qué no se han presentado como aspirantes al cargo, pese a las reiteradas llamadas que ha hecho el magistrado Rolando Vega en tal sentido.
Un nombramiento de presidente(a) de la Corte en tales condiciones sería absolutamente inadmisible, no solo por lo antes expresado sino también porque justificaría que al más alto nivel de los jueces y juezas se tolere la deslealtad, el trato desigual y la falta de transparencia, pues ante dos candidatos que abiertamente se postularon (doña Zarella Villanueva y don José Manuel Arroyo) que expusieron sus actuaciones y argumentaron sobre la conveniencia de su elección, aparecería una tercera persona que no se sometió a las mismas reglas y, por ende, tampoco al escrutinio público previo.
Por otro lado, es ingenuo y peligroso establecer la costumbre de elegir a quien no se ha postulado, supuestamente porque no desea el cargo, pero lo acepta “sacrificándose por el bien del país”, “para salvarle’’ del impasse producido por el enfrentamiento de los aspirantes que sí desean el puesto y han dado las razones de ello. Esto nos puede llevar al gobierno de la mediocridad, donde se elimina a los(las) capaces, que se atreven a debatir y a exponer las ideas, en beneficio del que no ofende a nadie, pues no habla, y es correctamente político, pues no tiene la menor idea, calificándosele como conciliador, por estar de acuerdo con ambos bandos y con ninguno.
Los miembros de la Corte deben recordar que la transparencia opera a favor de los administrados, es un derecho del pueblo, y los magistrados(as) no pueden renunciar a ella.
Rosario Fernández Vindas Abogada, exjueza del Tribunal de Casación Penal