Las recientes declaraciones del Ministro de Seguridad Pública, quien afirmó que para este año “no van a poder comprar ni arroz ni frijoles” para la Fuerza Pública, resultan, además de reveladoras de las condiciones financieras en que se encuentra la Policía de la Fuerza Pública, sumamente alarmantes, sobre todo, considerando los problemas de inseguridad del país, la violencia generalizada y las altas tasas de homicidios con las que, lamentablemente, cerró el año pasado.
La Policía resulta un elemento fundamental para un modelo de seguridad ciudadana. Y, además, existe una correlación directa ente la Policía y el Estado de derecho, de tal forma que si se debilita la primera, se debilita lo segundo.
Solo un Estado de derecho fuerte y seguro tiene una Policía fuerte, responsable y estable. Sin exageraciones, la mayoría de los países latinoamericanos se han caracterizado por Policías militarizadas, tradicionalmente al servicio del poder político y de un poder judicial lento y corrupto.
Si hay alguna diferencia entre nuestro país y los países latinoamericanos, es su Policía. Esto se debe no solo a las particularidades de la historia republicana de Costa Rica y a la formación del Estado costarricense, sino, en especial, a un hecho único, particular y trascendental en nuestra historia: la abolición del ejército como institución en 1948 y su prohibición como institución permanente con rango constitucional. Norma que se ha mantenido hasta la fecha y que nos enorgullece no solo ante los demás países latinoamericanos, sino también ante el mundo.
Sin embargo, esta norma constitucional ha tenido efectos relevantes en la creación y funcionamiento de los cuerpos policiales. Esta concepción antimilitar de la Constitución Política generó un descuido, casi un abandono, de la seguridad y de los cuerpos de Policía, especialmente la llamada Guardia Civil, principal cuerpo policial del país en su época. Caracterizado, posiblemente con algunas excepciones, por falta de recursos, nombramientos desprovistos de todo profesionalismo, sin ninguna estabilidad y removidos cada cuatro años con los cambios de gobierno.
Claramente, esta situación no podía mantenerse ante la realidad delictiva y de inseguridad de nuestro país que ha venido en crecimiento.
No fue sino hasta 1994, con la promulgación de la Ley General de Policía (Ley N. ° 7410) cuando se inició en nuestro país la profesionalización de una Policía estable, seria y, sobre todo, sometida a la ley como parte de la Administración Pública.
Se comprende, como debe ser, que es necesaria una Policía profesional, especialmente eficaz, sin renunciar a nuestra tradición civilista y antimilitar.
Un importante avance en esta formulación de una Policía profesional se dio en el 2001, con la Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista, en donde quedó claro este modelo de poder civil sobre la organización policial y se modificaron los uniformes y se eliminaron los grados militares.
Pese a estos esfuerzos legislativos para la profesionalización de la Policía, lo cual todavía se encuentra pendiente, falta aún una definición del modelo de seguridad pública, que debe estar enmarcado dentro del sistema de justicia penal.
La Policía es un componente fundamental del modelo de justicia, pero debe estar en concordancia con los otros agentes del sistema de justicia, tales como la Fiscalía y los juzgados penales.
También, actualmente, se padece una fragmentación de las fuerzas policiales; son varias las que existen en el país. Además de la Fuerza Pública, contamos con policía judicial, municipal, de tránsito, penitenciaria, fiscal o aduanera y turística. Esto sin tomar en cuenta que pertenecen a diferentes ministerios o jerarquías, como lo son el Ministerio de Seguridad Pública, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Transportes, entre otros.
Lo anterior evidencia una dificultad de coordinación y cumplimiento de los fines de los cuerpos policiales ante la compleja realidad delictiva que experimenta nuestro país. Pero no solo se padece una falta de un modelo de seguridad pública, sino también de serios problemas estructurales y económicos que dificultan contar con una Policía con equipos, armas, uniformes, laboratorios, vehículos y, especialmente, una formación, capacitación y técnicas para el cumplimento eficiente de sus funciones.
Frente a este panorama policial tenemos una realidad delictiva en el país sumamente compleja. El año pasado hubo 560 homicidios, el delito más grave. Cerramos con una tasa de casi 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, y de este total de homicidios, una tercera parte se le atribuye al crimen organizado, muy probablemente vinculado con el narcotráfico.
En síntesis, el delito crece y la Policía se estanca. Ante este panorama, caminamos por una ruta similar al resto de los países de América Central; la privatización de la seguridad, el surgimiento de la llamada “industria de la seguridad privada”.
Ya sabemos los resultados de este modelo y los niveles de violencia y de delito de estos países como para continuar en esa dirección. Tenemos el doble de miembros en la seguridad privada en comparación con los policías de la Fuerza Pública. Del cuarto de millón de armas inscritas, el 73% pertenecen a empresas de seguridad privada.
No debemos olvidar que el Estado es el principal garante de la seguridad pública, la razón misma de su existencia es precisamente brindar seguridad a sus ciudadanos. Aunque, desde luego, lo mejor es prevenir antes que reprimir el delito; pero también la existencia de una Policía profesional seria, independiente y sometida a la ley resulta indispensable en todo Estado moderno.
El autor es abogado.