La erradicación de la pobreza es en su esencia la lucha por la libertad. Es la emancipación del ser humano, que se alcanza con la posibilidad real de escoger una ruta de crecimiento y satisfacción individual, conscientes de que el ejercicio de la libertad es, a su vez, un logro social y una herencia intergeneracional.
En América Latina y el Caribe, 209 millones de personas viven en pobreza, de las cuales 82 millones están en pobreza extrema, cifra que podría elevarse al cierre del año, según la Cepal. Una radiografía más cercana refleja la concentración de este fenómeno en personas y colectivos para los cuales los derechos humanos no son una vivencia cotidiana y, muchas veces, ni siquiera una aspiración ciudadana.
Familias cuya única alimentación posible para sus hijos las condena a la malnutrición y a un subóptimo desarrollo físico y neurocognitivo. De estudiantes excluidos del sistema educativo por la obligación de llevar ingresos a sus hogares, adolescentes madres que no pudieron evitar un embarazo temprano porque no cuentan con servicios de salud accesibles ni apoyo educativo para regresar a las aulas.
Son mujeres obligadas socialmente a labores de cuidado no remunerados en sus familias o limitadas por profesiones, posiciones y salarios privilegiados para los hombres. Otras son familias que huyen del hambre, del clima extremo, epidemias y violencia, cruzando fronteras para reescribir su historia, aunque sea con menos páginas y tinta que el resto de la sociedad.
Pueblos ancestrales, comunidades rurales y costeras carecen de herramientas para defenderse de la voracidad extractivista de un neocolonialismo ambiental que amenaza sus ecosistemas y vidas. Son personas mayores y con discapacidad que sufren abandono y discriminación. Hogares con derechos laborales limitados, obligados a destinar a lo largo de su vida casi la totalidad de sus ingresos al pago de un alquiler en un asentamiento informal, y, también, personas que no han podido manifestar su identidad de género por temor a morir.
Frente a estos rostros más cercanos de la pobreza, debemos preocuparnos de no ser una sociedad con desgano ético ni una generación con debilidad de carácter. Urge que recordemos que la pobreza —fuente de la violación sistemática de los derechos humanos— y la indiferencia, por evitables y posibles de erradicar, son injustas e inmorales, y deben movilizarnos a la acción colectiva.
A pesar de la reducción significativa de la pobreza por ingresos en el último año, debemos comprender los grandes desafíos que, esa imagen actualizada y sin filtro frente a los impactos más estructurales de la pandemia, conllevan para la familia común que somos. Al 2021, en Costa Rica, casi un cuarto de la población (un 23 % de los hogares) se registra en situación de pobreza por ingresos. Para la atención, el país destina únicamente un poco más de un 2 % del PIB.
Nueve de cada diez colones se dirigen a beneficios y servicios finales a la población. El fin de esa inversión es proteger derechos y crear oportunidades para que las personas construyan trayectorias alternativas de superación acordes con sus aspiraciones y metas.
Si bien puede haber todavía margen para eficiencia, este es cada vez menor, y la realidad es lejana a los mitos de discursos superficiales sobre la supuesta holgura financiera del sistema de protección social.
¿Cómo explicar los logros en desarrollo humano, la estabilidad del índice de pobreza multidimensional (IPM) durante la pandemia y, a su vez, una incidencia ya estructural de pobreza por ingresos monetarios?
La primera parte se explica por el efecto de los programas sociales selectivos sumados a la acumulación de resultados de las políticas sociales universales, principalmente en salud y educación (un 13,5 % del PIB).
El nuevo siglo ha traído mayor madurez y continuidad a las intervenciones públicas basadas en la evidencia, por ende, los modelos de gestión social y la oferta programática se han consolidado alrededor de una sostenida atención integral de personas y hogares en pobreza, dinamizando con ello la eficiencia e impacto de las instituciones sociales, particularmente la Estrategia Puente al Desarrollo ha sido consecuencia y motor de esa transformación institucional del sector social en los últimos años.
En segundo término, la inversión social únicamente multiplica su retorno, traducido en aumento de ingresos y reducción de la pobreza, ante la suficiente acumulación de capacidades en la sociedad que se acople con precisión con una economía dinámica en competitividad, estable en sus macroprecios, inclusiva en lo laboral y progresiva en lo fiscal.
Es en esta corresponsabilidad económica que hemos tenido, y seguimos enfrentando, nuestros mayores retos como nación, con efectos directos en la inamovilidad del núcleo duro de pobreza monetaria que ronda un 20 % de los hogares.
Los sectores económicos y sociales no pueden evadir que la erradicación de la pobreza extrema requerirá recursos complementarios en igual proporción que los actuales. Esto será determinante para garantizar la suficiencia alimentaria en las transferencias a los hogares en pobreza extrema, aprovechar el bono de género para cubrir las brechas actuales de cuidado y desarrollo infantil, proveer apoyo y cuidado a una creciente población en dependencia, entre otras necesidades que frenan la reducción de desigualdades y son, también, un ancla para el crecimiento económico.
La tarea compartida es trabajar con convicción y temple ético. Una sociedad inclusiva es un proyecto viable, erradicar la pobreza representa una prioridad impostergable y cada historia de superación personal y familiar es una victoria más por la libertad de la humanidad.
El autor es ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social.