Mientras cancilleres latinoamericanos se reúnen en Chile esta semana para tratar la situación en Venezuela, uno de los líderes más prominentes de la oposición política venezolana se encuentra detenido en una prisión militar, en aislamiento y esperando a que una jueza provisoria (sin inamovilidad en el cargo) decida si será sometido a juicio, sin que hasta ahora se haya exhibido ninguna evidencia válida en su contra.
La violencia desatada a raíz de las manifestaciones de estudiantes y opositores que comenzaron el 12 de febrero en Venezuela ha dejado como saldo más de 20 muertos, decenas de heridos, cientos de detenidos y serias denuncias de brutalidad, torturas y vejámenes cometidos por las fuerzas de seguridad. El Estado, además, ha tolerado y colaborado con grupos armados civiles que apoyan al Gobierno. La Fiscalía, a regañadientes –y gracias a los videos y la presión de la opinión pública–, ha dado algunos pasos para investigar las verdaderas responsabilidades en estos hechos. Sin embargo, sigue avanzando con una velocidad notable para atribuirle responsabilidad penal por la violencia a la oposición política.
Teorías conspirativas. Altas autoridades del Gobierno venezolano sostuvieron que Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, era el “autor intelectual” de la violencia, y la Fiscalía solicitó su detención, acusándolo de todo: violencia, disturbios, muertes y lesiones. Luego acusó también a Carlos Vecchio, quien le sigue a López en la directiva de Voluntad Popular, y a otros dos miembros de la oposición por hechos similares, invocando teorías conspirativas en vez de presentar pruebas que los incriminen.
Al Gobierno venezolano le resulta relativamente fácil utilizar el sistema judicial como un instrumento político desde que, en el 2004, el chavismo depuró al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y nombró a jueces afines en el más alto tribunal, transformándolo en un apéndice del Poder Ejecutivo. A través de la Comisión Judicial del TSJ, que cuenta con facultades para nombrar y remover jueces inferiores provisorios y temporales –que hoy son la mayoría de los jueces en el país– esta politización de la justicia se propagó al resto del Poder Judicial.
El 18 de febrero, López se entregó a las autoridades y desde entonces se encuentra detenido, en violación de los principios más elementales del debido proceso, en Ramo Verde, una prisión militar, en la cual solo tiene contacto con su familia cercana y sus abogados, y solamente sale de su celda cuando es posible que tome aire sin tener contacto con otros presos.
Contundente evidencia. Ante la contundente evidencia que hizo pública el periódico venezolano Últimas Noticias, que sugería que uniformados, junto con civiles armados, eran los autores de una de las muertes ocurridas el 12 de febrero, la propia Fiscalía debió dar marcha atrás y eliminar los cargos por homicidio imputados inicialmente a López. Sin embargo, López sigue sujeto a investigación por varios delitos, incluido el de asociación para delinquir, que tiene una pena de hasta diez años. Legalmente, podría permanecer detenido preventivamente hasta 45 días, cuando la Fiscalía debería acusarlo, archivar el caso, o sobreseerlo, pero en la práctica estos plazos rutinariamente no se respetan en Venezuela.
En un Estado de derecho, la libertad de López debería estar garantizada por el solo hecho de que ni el Gobierno ni la Fiscalía han presentado pruebas que lo vinculen directamente a la comisión de un delito. Sin embargo, las posibilidades de que un juez venezolano adopte una decisión conforme a derecho, si esta va contra intereses del Gobierno, son prácticamente nulas.
En el 2009, la justicia venezolana detuvo arbitrariamente a la jueza María Lourdes Afiuni por cumplir con una recomendación de Naciones Unidas y dejar en libertad condicional a un opositor del Gobierno chavista. La jueza Afiuni, que era una jueza titular con estabilidad en el cargo, estuvo un año en prisión, dos en arresto domiciliario y continúa sujeta a proceso penal por delitos que no cometió. Antes del caso Afiuni, los jueces temían perder su empleo si adoptaban decisiones contrarias a los intereses del Gobierno. Ahora, también temen ir presos.
Sin independencia judicial. En un país sin independencia judicial, el futuro de Leopoldo López está en manos de una jueza que podría ser removida por un telegrama sin mediar ninguna explicación, como ha ocurrido rutinariamente en el pasado. La decisión sobre el futuro de la jueza, a su vez, está en manos de magistrados del TSJ, un órgano que habitualmente avala políticas abusivas del Gobierno venezolano.
La reunión de la OEA de la semana pasada, celebrada a puerta cerrada, terminó con una confusa declaración que, en vez de responsabilizar al Gobierno venezolano por el deterioro de las garantías democráticas, la persecución penal de opositores, la censura y la brutalidad de las fuerzas de seguridad, parece solidarizarse con un país que está enfrentando una catástrofe natural.
¿Habrá alguna posibilidad de que la reunión en Santiago lleve a un resultado distinto, exigiendo que Venezuela asuma sus obligaciones jurídicas internacionales de respetar los derechos humanos? Específicamente, ¿se exigirá esta vez que cesen los abusos contra los manifestantes detenidos, y la liberación inmediata e incondicional de quienes fueron detenidos arbitrariamente, como Leopoldo López?