El artículo publicado por el Dr. Allan Astorga, la M. Sc. Anaís Villalobos y el Dr. Jorge Lobo en el periódico La Nación sobre la minería metálica, constituye un aporte interesante al debate sobre este tema en nuestro país. Coincido con los puntos generales señalados en este, pero creo que de ellos se derivan conclusiones distintas a las presentadas por estos autores.
Estos son los puntos en que coincido con los autores:
kLa minería es una actividad indispensable para la sociedad y en particular para una sociedad tecnológicamente intensiva.
kLa evaluación del costo beneficio de una mina no debe limitarse al análisis financiero desde la perspectiva privada, sino que debe considerar el impacto ambiental y social de la actividad.
kSi el costo total de una mina (ambiental, social y financiero) supera el beneficio total (de nuevo, ambiental, social y financiero), dicha mina no se considera viable.
kEn Costa Rica se han desarrollado algunos proyectos mineros que no han sido bien manejados, donde no se exigió a los desarrolladores las garantías ambientales necesarias para compensar y corregir posibles daños ambientales.
Cumplir requisitos. Es claro que de estas generalidades no se deriva la inviabilidad de la minería metálica en un país tropical como Costa Rica, sino más bien la necesidad de autorizar en forma previa y durante el desarrollo de un proyecto minero, el cumplimiento de rigurosos requisitos que aseguren que el balance del costo beneficio es positivo no solo para la empresa desarrolladora, sino para el país.
En el caso de Crucitas, dicho balance es en efecto positivo, como lo constató la Sala Constitucional en su detallado análisis del proyecto, del cual cito dos ejemplos:
kEl sitio en que se desarrolla el proyecto está constituido por potreros y bosques secundarios o intervenidos, cuya riqueza maderera fue explotada hace muchos años. La continua explotación de la propiedad como una finca de vocación agrícola indudablemente repercutiría en la gradual ampliación de los potreros y la reducción de la cobertura boscosa existente. En contraste con esto, Crucitas ha iniciado la regeneración del bosque en los potreros, y el plan de cierre de la mina permitirá que la cobertura boscosa se incremente en 200 hectáreas adicionales a las casi 900 hectáreas de bosque que de manera garantizada se están preservando desde ya. Al cierre de la mina, la totalidad del terreno –1486 hectáreas– se convertirá en una estación biológica, que será administrada por un fideicomiso creado para ese propósito o donado al Estado. Desde el punto de vista de la cobertura boscosa, Crucitas resultará en un incremento de la cobertura y de la biodiversidad con respecto a la situación actual.
kLa contribución solidaria del proyecto Crucitas con el Estado y la sociedad costarricense –a través de impuestos nacionales, impuestos locales, aportes a la seguridad social, salarios para empleos directos y generación de empleos indirectos–, no se limitará a pagar solamente el 2% del canon de minería, sino que pagará un 30% por concepto de impuesto sobre la renta porque voluntariamente decidió no acogerse al régimen de zona franca, a pesar de que no tenía impedimento legal alguno para hacerlo. Lejos de extraer riqueza del suelo tico para exclusivo usufructo extranjero, la mina Crucitas dejará en Costa Rica –a través de estos aportes– una proporción similar a lo que proyectan obtener los inversionistas en este proyecto. Es decir, el proyecto está concebido de tal manera que haya una ganancia compartida tanto para el país donde se ubica la tierra como para los empresarios que aportan el capital.
Estos son ejemplos aislados que forman parte de amplios estudios de impacto ambiental y de costo beneficio que no sería posible reproducir en detalle en este espacio. Sin embargo, el punto central es claro: un proyecto minero ambientalmente destructivo no debe ser permitido; uno desarrollado de manera ambientalmente responsable y que generara además considerables beneficios económicos y sociales, debe ser estimulado y no entorpecido.
Algunas personas piensan que minería ambientalmente responsable es una contradicción en términos, cuando es totalmente lo contrario: la minería desarrollada con el rigor ambiental y la fiscalización que exigen las nuevas regulaciones de Costa Rica, es más amigable con el ambiente que muchas otras industrias tradicionales que, para su adecuado desarrollo, demandan la utilización permanente de grandes extensiones de tierra, con la imposibilidad de regenerar bosque en pocos lustros, so pena de eliminar la permanencia de la propia industria.
No aprovechar esta oportunidad es como replicar , a nivel de país, la tragedia del pobre avaro que, afincado sobre una mina de oro, prefiere seguir viviendo con hambre y miseria, en vez de multiplicar su riqueza para ayudarse a sí mismo y a los demás, por el puro temor de que alguien más se pueda beneficiar con los frutos de su inutilizado tesoro.