En los últimos 30 días, en dos de sus últimos tres fallos en favor de las garantías de la libertad de prensa en nuestro régimen democrático, la Sala Constitucional ha advertido al Poder Ejecutivo, sin ningún margen de ambigüedad, que en Costa Rica no se admiten los mecanismos velados de censura indirecta para el desempeño de las tareas propias del oficio periodístico.
El cierre del Parque Viva, mal revestido de decisión técnica de política sanitaria atropellada y chapucera era inaceptable por el fondo, tanto como burdo por la forma en que se ejecutó. Apenas horas después de su cierre, expresé que no tenía duda alguna de que la medida se revertiría con un amparo. Pero también señalé que no se trataba solo de un tema de legalidad.
Y aquí es donde debemos apuntar. El respeto a la carta magna impera. El sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia funciona. Es un orgullo, sí, y también una inmensa tranquilidad saber que contamos con mecanismos dinámicos y vigorosos de control.
El problema que tenemos instalado, sin embargo, no se resuelve en la confirmación de la constitucionalidad. Si bien es cierto, está claro que nadie puede arriar las banderas del Estado de derecho porque el sistema institucional responde, la polarización social que ciertamente ya venía, pero que evidentemente se está insuflando con el estilo y con algunas de las decisiones de cada semana, están alentando la confrontación, en el inequívoco y muy efectista libreto de la posverdad. Ahí está el foco infeccioso de nuestro padecimiento actual. El mismo de muchas otras democracias.
Obligación periodística
Y es precisamente por ello que los periodistas tenemos la obligación ineludible de alzar la voz. No podemos quedarnos silenciados en la zona de evasión de los insultos y las descalificaciones rampantes que nos enrostran cada día o en el temor paralizante que tristemente han dejado patentes otros colegas y sus medios de comunicación en estos meses, cuando resulta éticamente obligatorio pronunciarse.
Cuidado con eso. Callar es fácil. Encarar es difícil porque el temor hace bajar rápido la vara de la autocensura, tanto o más peligrosa que otros mecanismos de veda a la libertad de expresión. En términos de conquistas y garantías, el silencio tiene costos muy elevados a mediano y largo plazo.
Es cierto que ahora está establecido con claridad meridiana que el subterfugio de cerrar negocios con aviesas intenciones sí pone en entredicho las normas básicas del Estado de derecho, y que en el caso del Parque Viva, evidenció una estrategia peligrosa de persecución, que no constituía sino un ejercicio abusivo de poder que no ha sido propio de nuestra democracia. Pero nadie nos asegura que no se vuelva a intentar de otra forma.
En este Estado nuestro, la libertad de prensa ha sido sagrada. Y debe seguirlo siendo, es una prerrogativa ciudadana. No le pertenece a los medios. No es una licencia de los periodistas. Pero sí es cierto que somos nosotros los primeros llamados a defenderla. Por eso celebro los tres últimos fallos de la Sala Constitucional preservando garantías que los costarricenses damos por sentadas, pero que apenas son una aspiración en la mayor parte del planeta.
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La autora es periodista y directora del programa radial Hablando Claro.