El artículo 29 de la Constitución Política garantiza a todas las personas el ejercicio de una libertad más que esencial: la de expresión.
Para fácil comprensión, la libertad de expresión es el derecho para expresar, verbalmente o por escrito, cualquier pensamiento u opinión, positivo o negativo, sobre algo o alguien.
Esa libertad es un pilar fundamental para todo Estado democrático de derecho. Fortalece la participación ciudadana en asuntos de interés particular o colectivo, e implica un baluarte frente a la rendición de cuentas que todo Gobierno debe cumplir.
Con crítica o sin ella, toda opinión debe ir acompañada de una clara intención de contribuir en la reflexión de pensamiento de las personas hacia las que va dirigida, procurando motivarlas a analizar el tema expuesto y a orientar su perspectiva.
La opinión, sin lugar a dudas, debe ser ejercida dentro de un marco de responsabilidad, pues quien tiene en sus manos la manifestación de sus pensamientos debe poseer también claridad sobre las eventuales consecuencias que, por afectación a la moral, el orden público o a terceros, se puedan generar.
Con la preferencia en el uso de las redes sociales, las personas han encontrado un refugio perfecto para hacer valer sus opiniones casi en forma instantánea. Esos medios de comunicación presentan muchos beneficios, pero también riesgos.
Al encontrarse “protegidas” por una pantalla de computadora o celular, las personas se sienten más envalentonadas para manifestar, en un determinado momento, todo lo que piensan, y en muchos casos se permiten insultar o, incluso, levantar falsedades en contra de terceros que pueden repercutir en la honorabilidad y reputación de estos.
Ningún derecho es absoluto. Ningún derecho o libertad tiene un carácter absoluto en cuanto a su ejercicio. Es una máxima que se conoce, principalmente, en el mundo del Derecho, y que se traduce, coloquialmente, en que el hecho de gozar de ese derecho o libertad no me legitima para hacer lo que me plazca frente a los demás.
Si una persona quiere denunciar una situación irregular respecto a otra, debe tener presente que su dicho debe estar respaldado por las pruebas pertinentes, a menos que sean hechos públicos y notorios que no permitan duda alguna. En caso contrario, quien afirme hechos falsos o inexactos que generen daño en otras personas, debe enfrentar las consecuencias legales por su ligereza.
Así como cualquier persona tiene el derecho de demandar o denunciar responsablemente, así también quienes manifiesten sus opiniones deben cumplir con esa consigna ética dentro del marco del respeto y la buena fe hacia los demás.
Por más convulso que se encuentre el escenario de la ingobernabilidad en nuestro país, los costarricenses debemos aprovechar el hermoso beneficio que nos dan la Constitución Política y la ley para construir democracia, no para deteriorarla poco a poco, sin ofrecer alternativas en nuestras críticas.
No permitamos que las facilidades brindadas por la tecnología nos lleven a cometer ligerezas de las que, en el futuro, debamos arrepentirnos, todo por creer equivocadamente que la libertad de expresión la podemos ejercer sin límite alguno.