La legalidad española frente a la voluntad catalana

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La proposición de ley del Parlamento de Cataluña para promover una consulta independentista en esa comunidad autónoma, ha sido rechazada por una amplia mayoría del congreso español. El 86% (299) del congreso ha votado en contra del derecho a decidir catalán, dada la amplia mayoría de escaños del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), frente a 47 votos a favor, propiciados por diferentes bancadas nacionalistas de diferentes regiones. Dicha votación imposibilita la petición del Parlamento regional catalán para que le fuera transferida la competencia de organizar consultas vinculantes.

Como lo he comentado en un artículo anterior ( El derecho catalán a decidir: un fracaso anunciado , 28-1-13), que se produzca el derecho catalán a decidir es imposible en el actual marco constitucional español, que resumidamente indica “que la soberanía española reside en el conjunto de los españoles”. Por lo tanto, una comunidad autónoma, como la Generalitat de Cataluña no tiene la competencia de realizar una consulta que afecta a todos los españoles como conjunto.

Encrucijada. El nacionalismo catalán sabe que es imposible lograr una aprobación de referéndum por parte del gobierno central. Los nacionalistas sabiendo que cuentan con un amplio apoyo en el parlamento catalán, donde más del 60% es nacionalista, buscan agotar todas las vías legales para realizar la consulta dentro del marco constitucional español.

Tomando en consideración que era lógico que el Parlamento español denegara la petición de los nacionalistas, las bancadas catalanas pro independencia buscarán aprobar en el Parlamento Regional una ley de consultas bajo la cual se convoque el referéndum sin la autorización de Madrid. Dicha acción sería la mayor encrucijada política en la historia democrática española, lo que podría derivar en la mayor escala de tensión entre el Gobierno central y la Generalitat Catalana.

Actualmente, las naciones europeas viven el mayor proceso de integración en su historia, pero a su vez existen problemas de segregación de territorios en diferentes países. Por un lado, tenemos una realista “europeísta” que busca “derribar” fronteras entre los Estados miembros de Unión Europea (UE) con una mayor integración política, la cual busca en el futuro lograr un “Estado supranacional”, obviamente con diferentes grados de autonomía entre sus miembros.

Por otro lado, tenemos la realidad nacionalista, que busca “levantar” fronteras en vez de derribarlas, en base a discursos históricos y culturales los cuales nos devuelven a la edad media para justificar sus planteamientos.

El problema de convivencia entre España y Cataluña es una realidad inminente.

La falta de diálogo y acción del Gobierno Central, encabezado por Mariano Rajoy (PP), cegado ante la realidad político-social catalana, basado en un discurso “legalista”, pueda que sirva para negar el derecho a decidir catalán en el Tribunal Constitucional o el Senado, pero no realiza ninguna acción para solucionarlo.

España no puede perder a Cataluña, debido a que es su principal brazo económico, pero esta se queja de que recibe menos presupuesto del que aporta.

El independentismo aumenta día a día en Cataluña; sinembargo, ¿qué está haciendo el Gobierno español para combatirlo? Por el momento, nada.