Un informe del Poder Judicial destacó recientemente que el incremento de las penas aprobado en la reforma a la ley de tránsito no redujo los accidentes. Este informe es congruente con la práctica internacional que demuestra que el incremento de las penas por sí mismo no evita los delitos.
El poder disuasivo de la ley reside, como se ha demostrado reiteradamente, en la posibilidad de ser sancionados. Una ley que se aprueba, sin mecanismos de control que la hagan efectiva, no funciona y, lo que es peor, devalúa el sistema y desmoraliza la confianza en el sistema de derecho.
Es normal que algún diputado novato piense que incrementando las penas se resuelven los delitos y que una Asamblea mal asesorada las apruebe, pero esto no resuelve el problema.
El país está lleno de leyes incumplidas, como aquella famosa disposición de principios de los 90 de cobrar ¢100.000 de multa a quien bota basura en la calle. La impunidad no solo devalúa el sistema de derecho sino que educa mal a la ciudadanía y estimula el comportamiento colectivo de “mal amansados”.
Cuando se aprueba una ley deben garantizarse los mecanismos de control y sanción adecuados. De qué sirve marcar las aceras en amarillo para indicar que no es permitido parquearse si cualquier ciudadano puede dejar su carro con luces intermitentes o sin ellas y generar “infartos” urbanos.
Entrenar y focalizar. Las leyes no requieren necesariamente penas altas, pero sí que se cumplan, y esto demanda entrenar y focalizar el equipo humano encargado de su cumplimiento de manera constante en áreas claves donde afecte más el incumplimiento de la ley.
Eso sí, cuando empiece a aplicarse, no se puede retirar la vigilancia una semana después. Hay que mantenerla permanentemente y utilizar instrumentos disuasivos que desalienten el delito, por ejemplo, el uso de cepos en las llantas de los autos mal parqueados que impiden al conductor retirar su vehículo mientras no pague la multa.
Que faltan oficiales bien entrenados, ya se sabe, y deben asignarse los recursos necesarios para proveerlos, pero mientras se forman los nuevos destacamentos debe concentrarse la acción en determinadas áreas y empezar así en la práctica la educación ciudadana.
Este no será un proceso fácil y posiblemente requerirá mucha determinación y capacidad. Hay un porcentaje importante de la población “mal amansada” y no faltarán respuestas violentas, pero esto puede preverse en la capacitación.
Respuesta lenta. No es solo un asunto de la ley de tránsito sino de nuestra práctica cotidiana, y afecta nuestra seguridad nacional.
Nuestra institucionalidad está sobrenormada y su capacidad de respuesta es muy lenta. Una nueva institucionalidad del narco con sus gatilleros se está entronizando en nuestro país. Han empezado a aplicar los métodos de terror para amedrentar a la ciudadanía e imponer la ley del fusil.
Si no impedimos con determinación y constancia que impongan su institucionalidad y ordenamiento por la fuerza bruta, vamos a llorar por lo que fue nuestro país. Si queremos un país de derecho, las leyes deben cumplirse. La educación puede ayudar, pero es en la práctica donde la gente se capacita.
El autor es sociólogo.