Existe una noción generalizada de que el atributo más importante a la hora de escoger por quién votar es que se trate de personas bienintencionadas. Sin embargo, el refrán que dice que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno nos advierte que ellas son un elemento necesario, mas no suficiente, para asegurar un buen desempeño en la función pública.
Al menos, tan importante como las intenciones del candidato es que tenga un programa de acción coherente y que cuente con personas que sepan diseñar las políticas públicas necesarias para convertir su voluntad en resultados palpables.
De nada sirve que un político hable de manera elocuente acerca del flagelo del desempleo, si para resolverlo propone subir impuestos sin entender que, con ello, más bien limita las posibilidades de crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo.
Es importante en el diseño de política hacer calzar los instrumentos disponibles con las metas deseadas. Las consideraciones de naturaleza espacial y temporal son clave. Un problema pasajero no requiere una solución que adquiera permanencia. Una sequía confinada a Guanacaste no se resuelve racionando el agua en Limón.
Por ejemplo, al aceptar los resultados de las recientes elecciones en España, Pablo Iglesias, líder de Podemos, llamó a crear un “blindaje constitucional” que impida los desahucios o desalojos de vivienda por impago de las deudas hipotecarias.
Una política temporal para proteger a la gente que no tiene otra vivienda ante una crisis sistémica como la vivida en España, caracterizada por el alto y persistente desempleo, y originada en una burbuja inmobiliaria irresponsablemente alentada por el sector financiero, podría ser deseable para políticos de cierta estirpe. Sin embargo, elevar a rango constitucional la prohibición de embargar residencias desincentivaría el crédito hipotecario, negando a la gente común el acceso a la vivienda, y privilegiando, de paso, a quienes no necesitan crédito para hacerse de una casa.
Buenas intenciones no bastan. En Costa Rica, tenemos varios ejemplos de políticas mal diseñadas que tuvieron consecuencias no deseadas, algunas de mayor gravedad que otras. Prueba, una vez más, de que las buenas intenciones no bastan.
En el gobierno pasado, los ministerios de Seguridad y de Justicia y Paz emprendieron una cruzada contra la tenencia legal privada de armas, y llegaron a proponer una reforma de ley que habría incrementado el costo de inscribir un arma en un 60% y el plazo para hacerlo, a tres meses.
La ley también habría otorgado a la Administración Pública discrecionalidad para suspender los permisos de portación en lugares donde se presentaran picos de criminalidad.
Producto de un recrudecimiento de la violencia entre pandillas en la provincia del Limón, el argumento esbozado por el entonces ministro de Seguridad fue que el control de armas se traduciría “en una reducción de homicidios, de lesiones y agresiones relacionadas con el uso de armas de fuego”, según reportó este diario el 21 de abril del 2013.
Solo hay un pequeño error en el razonamiento del exministro: los delincuentes no usan, por lo general, armas registradas (que dejan un rastro muy fácil de seguir). La inmensa mayoría de los crímenes violentos y prácticamente la totalidad de los enfrentamientos a balazos entre bandas criminales se dan con armas obtenidas de manera ilegal.
De haberse convertido en ley, la reforma pretendida no habría disminuido la cantidad de crímenes, pero habría fomentado el mercado negro de armas, con toda la violencia que se asocia a este tipo de actividades cuando se declaran ilícitas.
En las últimas semanas, hemos tenido en estas mismas páginas un intenso debate acerca de las políticas adoptadas como parte de, o en conjunto con, el Plan Escudo. Dicha discusión versa, en buena medida, acerca del mal diseño de políticas bien intencionadas que tuvieron gravísimas consecuencias macroeconómicas, y son un magnífico ejemplo de la importancia de saber diseñar políticas públicas.
Básicamente, para enfrentar la crisis económica del 2008, el gobierno de turno adoptó un plan de estímulo para un plazo corto, pero cometió el error de comprometer recursos públicos de manera permanente, repetitiva e irreversible.
Como he explicado en otros artículos, ese fue el origen de la crisis fiscal actual –y todo por no haber sabido diseñar una política adecuada a las circunstancias del momento–.
Los infructuosos esfuerzos por disminuir la pobreza constituyen otro ejemplo de políticas bien intencionadas –pero mal diseñadas–. Como país, cada año invertimos varios cientos de miles de millones de colones en combatir la pobreza, pero se gastan en una plétora de programas tan mal diseñados que en dos décadas no ha disminuido el porcentaje de personas viviendo en condiciones de pobreza. En tiempos recientes, más bien se ha duplicado la pobreza extrema.
Los programas antipobreza –se ha llegado a contar 45 diferentes– son de carácter asistencial y clientelar, del tipo “regalar el pescado” en vez de “enseñar a usar la caña de pescar”.
Las autoridades del sector social del actual gobierno han reconocido que dichos programas están diseñados para hacer la pobreza más llevadera, pero no para eliminarla. No ayudan a las personas a generar los conocimientos, las habilidades y los recursos que necesitan para forjarse una vida mejor, pero sirven para maquillar estadísticas y anestesiar conciencias.
Lo anterior genera un incentivo perverso que bien podría explicar el aumento de la pobreza extrema, aun cuando la pobreza total no crece.
Bastará con dar un subsidio u otra dádiva a una persona ubicada por debajo –pero cerca– de la línea de pobreza para que deje de figurar en las cifras oficiales, sin que su problema haya sido resuelto.
Esto hace que los políticos prefieran asignar más recursos a los menos pobres entre los pobres, en detrimento de los más desafortunados.
Más recientemente, y en varias ocasiones, la administración Solís desoyó el principio fundamental de un buen diseño de política: utilizar los instrumentos idóneos para alcanzar las metas.
Tanto con la fecundación in vitro como con la intención de eliminar el enganche salarial, el gobierno insistió en introducir los cambios por la vía del decreto, a pesar de que lo que se pretende modificar fue establecido por ley. De tan poco sirvieron las buenas intenciones del gobierno que, ni bien salió publicado el decreto de la FIV, la CCSS anunció que no lo cumpliría.
Como hemos visto, no bastan las buenas intenciones ni que las cosas suenen bonito. Es muy fácil decir que van a disminuir la delincuencia, van a crear 500.000 empleos, van a construir 100.000 viviendas o a reducir el costo de vida. Hay que ver si lo prometido es posible y si el político sabe cómo hacerlo realidad.
Como bien señala la sabiduría campesina, el diablo se esconde en los detalles.
El autor es economista, miembro de la Plataforma Liberal Progresista.