La universidad no es un lujo. Es esencialmente una institución académica que se dedica a la ciencia y a la educación crítica, ciudadana y profesional. La universidad constituye una fuerza propulsora de la movilidad y la transformación sociales que incide en la disminución de la desigualdad y coadyuva al desarrollo económico y a la sostenibilidad ambiental. Por esto, es una organización inherente al Estado social de derecho.
Las universidades públicas realizan el 85 % de la investigación científica en el país. Cuentan con los recursos humanos calificados, tanto en orden científico como técnico, y la infraestructura básica para el estudio de los problemas nacionales. Sin embargo, la ciencia, la tecnología y la innovación se encuentran en permanente cambio. Siempre hay nuevas demandas, transformaciones y saltos cualitativos.
Es necesario que el personal académico universitario actualice sus conocimientos y construya y aprenda nuevas metodologías y técnicas. Es esencial mejorar los laboratorios en cuanto a políticas y medidas de bioseguridad, adquirir equipos de tecnología cada vez más recientes y muchos reactivos, contratar algún personal especializado y asistencial. Para esto, uno de los principales obstáculos en la gestión y desarrollo de la ciencia es la carencia del financiamiento adecuado y permanente, y especialmente oportuno.
Lamentablemente, el país invierte muy poco en investigación y desarrollo. Este indicador disminuyó de un 0,56 % del PIB en el 2014 a un 0,32 % en el 2021. Aunque persisten problemas asociados a la construcción de este tipo de dato, en términos relativos, y en relación con el PIB, la inversión de Costa Rica es de dos a cuatro veces mayor a la que realizan los países centroamericanos. Pero las diferencias de la inversión costarricense con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son realmente abismales, pues se ubican en un rango de tres a seis veces menor.
Del total de inversión nacional en investigación y desarrollo, las universidades públicas hacen los aportes más significativos, que rondan el 50 % del total nacional. Año tras año, efectúan ingentes esfuerzos para asignar la mayor inversión posible a la investigación y el desarrollo. Sin embargo, por la alta expansión de la demanda estudiantil, otorgan a la docencia y a las becas para estudiantes un componente económico que triplica o cuadruplica el presupuesto específico que se asigna a la investigación.
El personal científico contribuye al financiamiento porque dedica parte de su tiempo a la búsqueda de recursos externos, sea cooperación internacional, contratos de investigación, prestación de servicios o donación.
Otros obstáculos, como los sistemas de adquisición de bienes y servicios, muchas veces constituyen cuellos de botella porque están sujetos a los procedimientos, normas presupuestarias y leyes de la Administración Pública que implican plazos que no reconocen, por ejemplo, los límites de conservación del material biológico ni las condiciones azarosas propias del proceso de investigación.
A ello se agrega que las mismas universidades se autocontrolan y limitan con políticas, reglamentos, normas y procedimientos administrativos que afectan la gestión de la investigación. El cumplimiento de tales disposiciones incide en la burocratización de lo académico, pues exige una dedicación importante de tiempo.
El crecimiento excesivo de la burocracia puede tener efectos negativos, porque origina desventajas y deficiencias en la competitividad institucional para el desarrollo de la ciencia y el cumplimiento de las tareas docentes y de extensión. La autocrítica para el mejoramiento permanente de las funciones universitarias es esencial y además impostergable.
Un personal académico con compromiso ético y rigurosidad científica es el artífice para la construcción de una investigación básica y aplicada cada vez más orientada a la comprensión, explicación y solución de los grandes problemas nacionales. Las personas dedicadas a la ciencia sabrán dejar huella en su labor docente, dentro y fuera del aula, al incentivar el pensamiento crítico y el debate en el estudio de la realidad nacional.
La universidad está al servicio del país y, en particular, de sus estudiantes. Estudiantes críticos desempeñan un papel esencial en la defensa de la universidad, de sus comunidades y del país.
La Constitución Política señala que la educación debe recibir una partida presupuestaria anual del 8 % del PIB. El presupuesto de las universidades, que se conoce como el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), también tiene garantía constitucional, y se deriva del presupuesto nacional a la educación. Sin embargo, existe un interés político de buscar cómo reducir estas obligaciones constitucionales.
Específicamente, las universidades públicas no aceptan las posiciones políticas que pretenden disminuir sus presupuestos, menos aún cuando se acompañan de cuestionamientos sin lugar, de sorna y sarcasmo, como si reducir el recurso económico a la ciencia, a la investigación y al desarrollo universitario fuera motivo de burla, de satisfacción y de triunfo.
La universidad está en la obligación de defender la democracia y el Estado social de derecho. Las universidades públicas costarricenses deben continuar exigiendo las condiciones presupuestarias suficientes para cumplir dignamente con sus funciones.
El recurso jurídico constitucional es el mejor aliado, pero en casos extremos la universidad comprende que la fuerza de la razón también se manifiesta en la protesta, en la acción colectiva que corresponde a la democracia de la calle.
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Daniel Rueda Araya es profesor jubilado y fue vicerrector de investigación de la Universidad Nacional.