La reforma en que están empeñados los gobernantes y políticos del presente --en primer lugar-- y con ellos los ciudadanos conscientes tiene por objeto prescindir del exceso de instituciones que gravan sin razón los bolsillos de todos los contribuyentes; reducir la inmensa planilla estatal, que no tiene ninguna justificación; cortar privilegios; unir todas las entidades que puedan ser refundidas, a fin de reducir el número de jerarcas, facilitar la consecución de los objetivos y servir a los costarricenses con una administración pública eficaz y eficiente.
Es lamentable que algunas personas se atraviesen dificultando la realización de tan importante reforma, el gran cambio con el que esta nación puede progresar como quizá nunca lo haya hecho en toda su historia.
Quien pida muchas explicaciones y condiciones elaboradísimas para proceder, simplemente confiesa su ignorancia respecto de los grandes males que aquejan a Costa Rica, ya que han sido analizados largamente en la última década.
Lo que se impone es el principio de que a grandes males, grandes remedios. Hay que actuar como el médico que atiende a un herido grave que se desangra por todas partes. Si un impertinente le pidiera un elaborado plan, ojalá escrito, para atender al herido, lo más seguro es que antes se moriría, si así se procediera.
Hay que hacer la gran reforma con firmeza y prontitud, porque en ello va el futuro de esta nación.
La Ley General de la Administración Pública, que es una norma especial e importantísima, cuando se refiere al empleado público, al que se lo puede denominar también "servidor público" y "encargado de servicio público", le impone estas obligaciones: desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente... los intereses individuales coincidentes de los administrados; deberá tener en cuenta los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo. Asimismo, establece esa Ley que "el servidor público será un servidor de los administrados, en general, y en particular de cada individuo o administrado que con él se relaciona en virtud de la función que desempeña", Y agrega esto tan valioso: "... cada administrado deberá ser considerado en el caso individual como representante de la colectividad de que el funcionario depende y por cuyos intereses debe velar".
Lo que ha pasado es que parece que muchos "servidores" públicos se han olvidado de que su tarea es servir a la sociedad. Han vuelto el rótulo para adentro y se han puesto a servirse a sí mismos. De ese modo han surgido condiciones de trabajo sabrosísimas que otros miembros de la comunidad no tienen: horarios reducidos, guarderías pagadas por el Estado, sueldos que los administrados no tienen, cafecitos, viáticos, vacaciones alargadas, regímenes de pensiones injustificados e imposibles de financiar, convenciones que son como una lista de peticiones a San Nicolás y laudos en que prácticamente algunos pretenden llevarse los bienes públicos para la casa..
. Eso debe corregirse de una buena vez. Ese es el tema de nuestro tiempo: o el Estado aparato sirve a la sociedad --como debe ser-- o la sociedad va a continuar siendo explotada, chantajeada y burlada por los más audaces empleados públicos, convertidos, por la alquimia de cierta corrupción, en los amos de la sociedad.
A la luz de lo anterior es que reviste particular importancia el acuerdo de gobernantes y políticos para ponerles el cascabel al gato. Todo avance en esa dirección será un beneficio para la nación. Y es mucho lo que hay que podar. Por ello cabe instarlos, ya que han puesto --por fin-- manos a la obra, a que no se aparten de la meta propuesta, cueste lo que cueste.
Por lo expuesto, o Costa Rica se reforma --con el sacrificio que sea necesario-- o se hunde.
Librar a Costa Rica de los filibusteros significó en su hora el sacrificio del diez por ciento de la población, entre las acciones bélicas y el cólera. Lo que hace falta ahora no significa tanto. Por ello hay que apechugar con la reforma.