El control de la legalidad en la función pública es esencial; sin embargo, esta labor no puede llevarse a cabo ignorando principios fundamentales relacionados con la legitimidad democrática. Cuando se actúa así, se falsean las bases del sistema político, sumando a un discurso irracional que pretende ilusoriamente la existencia de sociedades sin política.
Una de las manifestaciones mas perversas del pensamiento antipolítico es sostener una pretendida superioridad de lo técnico sobre lo político. A la subjetividad y negligencia de lo político, se contrapone la objetividad y el rigor de lo técnico.
Frente a la preeminencia de los intereses particulares en lo político, se opone la naturaleza justa de lo técnico, basado en un conocimiento neutro, ajeno a las influencias que generan privilegios. Es un argumento interesado, tan falso como lo son siempre los criterios absolutos, que transmiten una visión simplificada de una realidad mucho más compleja.
Manifestación. En nuestro país, esta idea del ascendente moral de lo técnico sobre lo político, se ha venido manifestando en la actuación de algunos órganos. Por ejemplo, hace unos meses la Sala Constitucional reafirmó la potestad de la Contraloría General de la República para suspender de sus cargos a funcionarios municipales elegidos por votación popular. Esto significa que un funcionario de la Contraloría puede suspender a un alcalde, regidor o síndico si considera que cometió faltas administrativas que así lo ameriten.
Algunos aplaudieron esta resolución como un triunfo de la transparencia, pero se trata en realidad de un acto profundamente antidemocrático.
Alcaldes, regidores y síndicos, elegidos por votación popular están investidos de una legitimidad política que no puede ser ignorada. El control administrativo no debería emitir una resolución que deje en suspenso la voluntad popular; para eso están los consejos municipales mismos, e incluso el mecanismo de revocatoria de mandato.
Un caso similar se dio hace unos meses cuando el Tribunal Supremo de Elecciones resolvió, a partir de la interpretación que hizo de un fallo de la Sala Constitucional, obligar a los partidos políticos a respetar la paridad de género en los primeros lugares de las listas de candidaturas a diputaciones en las siete provincias para las elecciones del 2018.
Aparte de la discusión que ha surgido respecto a si efectivamente la Sala Constitucional dice lo que el TSE dice que dijo, en la resolución del Tribunal hay un apartado que refuerza esta tensión entre las potestades legales y la legitimidad política.
Si un partido no cumple con esta resolución, es decir , si la Asamblea de un partido presenta candidaturas que no cumplen con este criterio, “el Registro Electoral del TSE, que es donde se inscriben los partidos y las candidaturas, podrá modificar las nóminas para subir del segundo al primer puesto de la papeleta a las mujeres, en los casos que sea necesario hacerlo, para cumplir con la nueva norma”.
Esto significa que la voluntad expresada por miles de militantes de los partidos políticos en sus asambleas distritales, cantonales, provinciales y nacionales puede ser cambiada arbitrariamente por un funcionario, si no se cumple un criterio específico.
No se trata aquí de juzgar la pertinencia del criterio, sino mas bien que se crea aceptable que un funcionario administrativo pueda hacer cambios de esta magnitud para cumplirlo.
Deber de informar. En ambos casos, los órganos de control deberían advertir de las faltas e informar a los órganos políticos, para que estos resuelvan en consecuencia. Es lo que corresponde en un sistema que valora la voluntad popular como fuente originaria de la legitimidad democrática.
Otorgarle a un ente de control la potestad de suspender funcionarios que han sido elegidos equivale a despojar de valor al acto electoral. Pero, además, trastoca las prioridades porque, súbitamente, los entes de control se constituyen en instancias con potestades hasta ahora reservadas a la ciudadanía y a los órganos políticos. Y con un peso incluso superior al de estos, por la inmediatez, la falta de contrapeso y la libertad con la que cuentan para emitir sus resoluciones
“La política es el único poder al alcance de los que no tienen poder”, afirma certeramente el escritor español Josep Ramoneda.
La gente debería entender que la democracia de los políticos, con todas sus falencias e imperfecciones, es siempre mejor que la dictadura de los burócratas.