En una entrevista en este diario (17/11/2013), el señor ministro de Planificación, Roberto Gallardo, hace una afirmación muy seria, y que sirve de titular a dicha información: “Sindicatos, ambientalistas y evasores frenan desarrollo tico”.
En lo que respecta al tema de los “ambientalistas”, es importante analizar con mayor detalle esas afirmaciones deun alto representante de nuestro Poder Ejecutivo. En efecto, las dice con tanta firmeza que parece estar convencido de que son ciertas, algo que está muy alejado de la realidad.
Desarrollo. Al respecto, es muy importante empezar por aclarar de qué “desarrollo” estamos hablando. ¿Es un desarrollo socioeconómico sostenible que beneficia a la sociedad como un todo y al país, de forma integral, haciéndolo escalar hacia niveles más altos, o se trata de un “desarrollo” impuesto por presiones de sectores económicamente favorecidos y que se maquilla como si fuera de beneficio para todos?
Los informes que reporta cada año el Estado de la Nación nos dicen que cada vez se amplía más la brecha económica entre el quintil más pobre y el quintil más rico de la sociedad, lo cual ha llevado a que la clase media se reduzca y a que los pobres sean cada vez más pobres, y los ricos, más ricos.
A este respecto, el ministro de Planificación debería dar una explicación más amplia, y no solo limitada a señalar que el problema se da por las diferencias entre los salarios de los trabajadores calificados y no calificados, o afirmando que es una tendencia de hace varios años que no se puede resolver en una Administración, en la que se ha profundizado.
El ejemplo de Guanacaste, principal región receptora de inversión extranjera, en la que la pobreza sigue siendo la triste realidad de muchos guanacastecos, es una clara ilustración de un desarrollo en detrimento de una mayoría. Además, está el hecho de que el sector piñero esté impactando un recurso tan estratégico para nuestro país como el agua en varias zonas de alta vulnerabilidad, o el de que los planes del Ejecutivo en Moín para dar en concesión la terminal de contenedores expongan los arrecifes coralinos de los que depende parte de la actividad turística en la costa caribeña. ¿A eso se le llama desarrollo?
Sostenibilidad. El Informe del Estado de la Nación señala que durante los últimos diez años ha habido crecimiento económico del país, por lo que no puede decirse que no ha habido “desarrollo”. Solo que este no se ha traducido en beneficio para todos, y ha incrementado de forma negativa nuestra huella ecológica.
Así, pues, podemos concluir que el dizque “desarrollo” producido en la última década, además de haber estar dirigido a beneficiar solo a un sector del país, nos ha generado un costo social y ambiental al resto de la sociedad, un statu quo que algunos no quieren cambiar.
Los ejemplos que ya hemos citado antes (ver www.allanastorga.com), y solo de los últimos años, cada vez se van haciendo más numerosos: Crucitas, la marina en Moín, el P. H. Diquís, la carretera a San Ramón, la refinería china, la explotación geotérmica en parques nacionales, el plan de desarrollo turístico, la Terminal de Contenedores de APM en Moín, el aeropuerto internacional en Osa y la ampliación de la carretera 32.
Todos esos proyectos, o megaproyectos, tienen como común denominador que el Poder Ejecutivo ha tomado la decisión de forma unilateral, sin mecanismos de participación, para que se aprueben o ejecuten sin considerar una serie de variables claves que, a posteriori, resultan determinantes y llevan a que se cuestionen, al punto que se frenan y no se pueden ejecutar. De esa manera, el país, lejos de avanzar, cada vez se entraba más, en lo que el ministro de Planificación señala, metafóricamente, diciendo que la carreta del desarrollo está pegada en un barrial.
Lo que don Roberto Gallardo no aclara es que, en la gran mayoría de esos casos citados y otros más, el problema no es el barrial, sino el hecho de que las autoridades de gobierno lo que han hecho es poner la carreta delante de los bueyes, de manera que, con barro o sin barro, el asunto no avanza.
A todo esto, como hemos dicho, se le llama “desplanificación”, y es al ministro de Planificación, en calidad de rector en el tema, a quien le corresponde empezar a corregir el asunto, y no culpar a otros.
Participación y transparencia. En otros artículos, y desde hace ya varios años, hemos estado insistiendo en señalar este problema que lleva a la desplanificación y el entrabamiento. Y no solo eso, hemos insistido hasta la saciedad en indicar que la solución está disponible y que depende de la voluntad política de las autoridades.
Llama la atención que el señor ministro señale que el sector ambiental “no abre espacio para la discusión” y que peca de “ser muy conservacionista”. La realidad es que ha sido todo lo contrario. El sector ambiental, y también social, como en el caso de la carretera a San Ramón, lo que ha hecho es reaccionar ante la imposición de una decisión estratégica previamente tomada y con criterios predefinidos.
Durante varios años hemos escrito sobre la gran importancia que tiene implementar la evaluación ambiental estratégica (EAE) de las políticas, planes y programas, como una forma de iniciar la solución a los problemas de adecuada inserción de la participación social en la toma de decisiones. Esto, en cumplimiento de tres principios fundamentales: transparencia, información y participación.
Cambio. La posición simplista defendida por el ministro de Planificación es, simbólicamente, la de la actual Administración, y también la de los últimos Gobiernos, cuyo periodo de tiempo es el que resume el Informe del Estado de la Nación, y cuyos indicadores nos dicen que no estamos progresando, a pesar de que seguimos haciendo un gran sacrificio ambiental y social.
Bajo esta perspectiva, y a las puertas de unas elecciones, es responsabilidad de todos los ciudadanos cuestionarnos realmente hacia dónde estamos “avanzando” y qué cambios nos proponen los candidatos para resolver la situación de enmarañamiento en que los últimos Gobiernos nos han sumergido.