El gasto público, con todas sus variantes, es, desde hace años, un tema recurrente en la agenda nacional. El que más y el que menos, cada uno de nosotros tiene una idea del problema y, también, una sugerencia de qué hacer para resolverlo.
Desgraciadamente, al plantear el tema en términos macroeconómicos, la mayoría hablamos de una materia que nos parece cosa de extraterrestres, aunque sí comprendemos que las consecuencias negativas son cotidianas y cercanas a nuestras vidas.
La cuestión está planteada en términos aparentemente claros: tenemos un problema fiscal porque el Estado gasta más de lo que recauda en impuestos y, por ello, tiene que endeudarse en una dinámica insostenible.
En consecuencia, nos debatimos entre más impuestos o menos gastos o una mezcla de ambos. Eso parece ser lógico: si hablamos de plata hay que hablar de ingresos y egresos. No hay de otra.
Contención del gasto. Llegados a este punto parece claro que la vía de más impuestos sin una contrapartida en materia de contención del gasto no resuelve nada y la contención del gasto debe darse por la vía estructural puesto que, de lo contrario, las reducciones serán insuficientes.
Sin embargo, una reforma estructural del gasto público supone reformas constitucionales y legales de fondo, conducentes a replantear cuestiones que damos por normas pétreas en materia de remuneraciones, pensiones, transferencias que, junto con la deuda y su atención, suponen el 90 % del gasto estatal.
Tan profunda tendrá que ser la reforma estructural que la crisis fiscal desborda sus límites para ubicarse en el ámbito de la política. Las reformas constitucionales y legales que deben realizarse nos afectarán a todos y, en consecuencia, para hacerla posible, todos habremos de sacrificar algo propio para evitar, a mediano plazo, perderlo todo. Y he aquí el meollo del asunto: nadie quiere ceder un poco para evitar la bancarrota. El corporativismo nos tiene inmovilizados.
Falta liderazgo. La ausencia de liderazgos claros, inspiradores, coherentes, valientes, vigorosos –tanto en la política, como en los sectores empresarial, sindical y otros– impiden que la sociedad en su conjunto comprenda y apoye un sacrificio importante, pero menor al que sería no hacer nada y perderlo todo.
No es fácil hablar de racionalización de gasto en salarios, pensiones, transferencias, convenciones, exoneraciones y otros asuntos políticamente sensibles.
La crisis es política: sin líderes inspiradores y claros ni plan coherente e integral, seguiremos hablando de aspectos del problema sin abordarlo integralmente y, si no hay un abordaje integral, el problema no se resolverá hasta que hayamos perdido lo que podemos aún salvar.
Es urgente un acuerdo de fondo, pero no hay aún el liderazgo necesario para plantear sus bases y contenidos. Mientras tanto, el deterioro sigue y se profundiza.