En un artículo anterior (“Recope, decisiones administrativas”, La Nación , 15 de julio, 2013) planteamos la necesidad de enfocar a Recope en la construcción de un oleoducto y la promoción del crecimiento de la economía local a través del impulso a los biocombustibles para incrementar el empleo directo e indirecto y la generación de recursos por servicios.
La conveniencia de convertir la huella de Carbono y su reducción sistemática en un elemento potencializador de la marca país, tasando diferencialmente los productos y servicios de acuerdo con su desempeño ambiental en la reducción de huella de carbono, en todas las etapas de suministro, producción y venta. De esta manera, potenciamos la producción local en aquellos productos intensivos en transporte o amigables ambientalmente.
El efecto neto de este tipo de impuestos, analizado únicamente desde la perspectiva de generar empleo sobre el descuento proyectado para él, brinda resultados netos positivos en el empleo y el crecimiento del PIB.
La manera en que está interrelacionada la matriz energética del país amerita la optimización de recursos humanos y de simplificación de pago de impuestos internos por razones de competitividad y eficiencia. Por ello, si se integraran las funciones del ICE y Recope en una sola institución, se podrían establecer proyectos de integración energética regional, explotar recursos naturales, maximizar la productividad por empleado y manejar la energía en su totalidad.
En esta proyección falta, sin embargo, el impacto de la crisis energética y su efecto en la generación del empleo, producto del alto costo de la energía. Según han planteado algunos economistas, la pregunta clave es determinar si un cambio en el precio en la energía puede transformarse significativamente en empleo directo, y si el efecto multiplicador de ese cambio, lleva a un aumento significativo del PIB del país.
Dicho de otra manera: determinar si el traslado de esos recursos desde el Estado hacia el sector productivo, forzando legalmente el cambio de recursos (energía sin impuestos), hacia empleo incremental en las empresas usuarias, distribuye mejor la riqueza generada en la sociedad y se traduce en mayor productividad y empleo neto.
Ganar-ganar. Podríamos, por ejemplo, cobrar el combustible y la energía a los precios actuales, y hacer un mecanismo de traslado de recursos al sector productivo condicionado como empleos directos incrementales, sufragando el estado un monto reembolsable y equivalente al impuesto cobrado, con la condición de que todas las contrataciones directas o indirectas a cargo del beneficiario paguen sus cargas sociales y estén a derecho, pagando el empleador de su bolsillo las cargas sociales de los nuevos empleados. Los ciudadanos comunes podrían recibir una asignación de los montos pagados, comprobados con factura, en su fondo de pensión.
Este es un esquema ganar-ganar pues, por una parte, incrementa la facilidad para asegurar una transferencia de recursos desde los impuestos y hasta el empleo incremental. Este último en beneficio de los segmentos afectados por el desempleo, como son amas de casa, madres solteras, jóvenes y personas mayores de 40 años.
La obligación del empleador sería seleccionar el tipo de empleado que más se adecúe a sus necesidades, pagar sus cargas sociales con un costo marginal por empleado (cercano al 50% del salario en términos reales) y asegurarse de que todos sus empleados directos o indirectos estén a derecho con el Gobierno y la CCSS. El recurso incremental posee un costo para el empresario, por lo que utilizara el mismo de manera eficiente a fin de convertirlo en una ventaja competitiva.
Hemos mostrado un ejemplo claro del tipo de política fiscal que requerimos para reactivar la economía. Necesitamos eliminar exoneraciones, salvo en los casos en que estén dirigidas de forma similar, o se demuestre realmente que poseen un incremento multiplicativo real y cuantificable sobre el empleo, la productividad y la disminución de la pobreza al ser reinvertidas por el sector productivo.
Las políticas y programas que facilitan tanto la inserción económica y social, como la generación de mayor consumo interno (probablemente focalizado en necesidades básicas) incrementan el consumo en la agricultura, agroindustria y producción pecuaria nacional, así como de actividades conexas, debido al mejoramiento en las condiciones de vida de muchos costarricenses.
Dudas. No está de más reconocer una interrogante: ¿qué sucede con los ingresos anteriores y los nuevos requeridos?
Efectos y soluciones. El monto incremental de impuesto de ventas será mucho mayor al 13%, producto de la reducción en los impuestos totales a la energía, por efecto multiplicador. Este cambio en la estructura de los impuestos va a obligar al Gobierno a ser mucho más expedito y eficiente en el cobro. El efecto multiplicador de este ingreso en la economía interna va a paliar la necesidad de muchas ayudas de transferencia hacia sectores desprotegidos, que ahora no serían sujetos de ayuda y podrán valerse por sí mismos.
Por otro lado, al tener menos recursos libres disponibles, las tarifas y peajes de la infraestructura realizada o reparada se tasaría y cobraría al valor real de mercado y del costo real (el costo de carreteras nacionales se pagaría parcialmente por medio de los usuarios). Este efecto económico restrictivo fuerza el establecimiento de la medición de resultados y rendición de cuentas por institución (con el fin de asignar recursos) y exige una adecuada evaluación del desempeño de tal manera que, al menos un porcentaje de la fuerza laboral se debería rotar con el fin de asegurar el mantenimiento de personal con cualidades óptimas de desempeño y de idoneidad en cada puesto.
Esta medida de racionalización de ingresos avala el uso de la figura de la concesión de obra pública en proyectos nuevos y traslada el costo del mantenimiento local de caminos a los municipios, obligándolos a ejecutar con eficiencia, celeridad y justicia el cobro de los tributos locales existentes y el uso del presupuesto.
La labor de la próxima Administración consistirá en desarrollar medidas que, siendo sostenibles económicamente, permitan la generación de empleo y riqueza, al mismo tiempo que potencien la competitividad del país. Establecer programas, metas y políticas bien diseñadas en un esquema ganar-ganar es lo que este país necesita para establecer un pacto nacional que involucre a todos los sectores.
Estamos viviendo un giro histórico de acontecimientos, y las decisiones que tomemos como sociedad en esta época de crisis calarán profundo en la Costa Rica que tendremos por los próximos 40 años. Necesitamos desarrollar nuevamente la vía costarricense y reinventarnos con la participación de todos los sectores haciendo, un poco de sacrificio, de acuerdo con nuestras posibilidades.