El 4 de marzo del 2013, en sesión de Corte Plena, el magistrado constitucional Fernando Castillo Víquez fue contundente: “No concibo un proceso de selección como el nuestro, donde es más objetiva la selección del Santo Padre, que la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia”.
Ese día, Castillo propuso tres medidas para objetivar, pero también transparentar la selección: a) la creación de un periodo de inscripción de postulantes a sustituir al fallecido magistrado Luis Paulino Mora como cabeza del Poder Judicial; b) la publicación sus nombres en un periódico de publicación nacional junto a la invitación a que los ciudadanos presenten alguna objeción, y c) que el Colegio de Abogados y Abogadas, junto con la Universidad de Costa Rica (UCR), organizaran un debate público entre los candidatos, fuera de la Corte, transmitido por la televisión estatal.
Considero encomiables las tres propuestas. Pero es especialmente sana la del debate público para acercar la Corte a los ciudadanos.
En apoyo a esta idea de Castillo, el juez Rolando Vega sostuvo que se trataba de hacer “un debate de cara al pueblo costarricense (...), no solo para definir a la persona que se va a designar como presidenta o presidente de la Corte, sino un debate para definir por dónde va a caminar este Poder Judicial en los próximos 20 o 25 años”.
No es para menos. Hablamos del Poder Judicial, que en el 2013 administra un presupuesto de ¢314.000 millones de fondos públicos, equivalentes al 8,6% del Presupuesto Nacional (ingresos corrientes).
Las primeras dos propuestas de Castillo recibieron algún apoyo, con ciertos cambios. Sin embargo, la lista de objeciones a la propuesta inicial, de hacer un debate nacional entre candidatos fuera de la Corte, para dar la cara a la ciudadanía, fue extensa.
Juzguen estos argumentos:
Ana Virginia Calzada (jubilada): “¿Qué es el nombramiento del presidente de la Corte? La dirección del Poder Judicial. ¿Quiénes votan? Los magistrados y las magistradas. Hacer un debate público estimo sería un poco complicado, porque los que van a votar tal vez no estaríamos ahí (...); no me parece provechoso, pero sí me parece importante lo que está señalando el magistrado Castillo, que las personas que quieran ser presidente de la Corte se presenten a esta Corte y expongan cuáles son sus pretensiones”.
Julia Varela: “(U)n debate público con toda la ciudadanía me parece muy interesante, pero considero que no es conveniente (...); somos nosotros los y las responsables de tomar esa decisión”.
Magda Pereira: “Me preocupa mucho (...); la elección nos corresponde por ley a nosotros; si alguien tiene que presentar con transparencia su proyecto y sus metas (...), es ante este colegio de magistrados y magistradas (...)”.
Gilberth Armijo: “Hablar de la transparencia es un aspecto que siempre es positivo, el único problema es que a veces como institución deberíamos analizar costo-beneficio y a veces las expectativas que generamos en la opinión pública, no necesariamente van a corresponder con la intención de voto”.
Carlos Chinchilla: “(...) hagámoslo a lo interno (el debate), a quienes tienen que convencernos es a nosotros (...)”.
Román Solís: “La importancia del debate es innegable, pero debemos también tener claro (...) que el cuerpo elector somos los 22 magistrados y magistradas presentes en esta Corte”.
A favor. Por su parte, los magistrados Paul Rueda, José Manuel Arroyo, Ernesto Jinesta y Rolando Vega apoyaron explícitamente, con argumentos muy similares entre sí, a Castillo en la iniciativa de acompañar el proceso de elección con un debate público, abierto y dedicado a la gente.
Sin embargo, entre ellos sobresale un llamado del juez Vega a sus colegas sobre cómo debería ser la elección del presidente de la Corte: “(...) no sigamos los pasos del Vaticano, que aquí a veces hay más secretismo que en el propio Vaticano y no se trata de eso, nosotros no somos el Vaticano, somos el Poder Judicial de Costa Rica y hay que ir eliminando esos secretismos y que las cosas se digan abiertamente”.
Al final, la iniciativa mutó en una idea tibia, a la tica. No hubo debates de alto perfil, convocatoria creíble a la ciudadanía, ni se logró sacar a los magistrados de su cómoda silla para asistir a un debate para los ciudadanos.
Al parecer, según ciertos jueces, no vale la pena crear un ambiente propicio para que los candidatos den cuentas a los usuarios del Poder Judicial. Se trata, según estos, de convencer a los 22 poderosos, los demás están de menos.
Y hoy, como era predecible, la gente no sabe qué esperar de los candidatos ni de la Corte. Van ganando los votos en blanco y, como pasa mucho últimamente, van perdiendo los ciudadanos. Persiste esa impresión de que se elige, en vez de a un jurista con el deber de ejecutar políticas públicas para mejorar el desarrollo humano, a un papa lejano, escondido por el momento en una agenda secreta.