La contención y represión de la criminalidad son indiscutiblemente necesarias, y en algunos momentos, como el que atraviesa nuestro país, son apremiantes. Pero nunca serán suficientes. Se contiene y se reprime lo que no se pudo prevenir, con un costo fiscal mucho mayor y, principalmente, social.
En seguridad ciudadana, la prevención es llegar a tiempo, no solo antes de que se cometan los delitos, sino antes de que la delincuencia nos arrebate, como sociedad, a quienes pudieron haber tenido un proyecto de vida largo y provechoso para sí mismos y el país.
Con base en la ciencia y la evidencia, Costa Rica apostó por la prevención de la violencia y la inclusión social, enfocada en su niñez y juventud, con la creación de los Centros Cívicos por la Paz (CCP), que son espacios de convivencia comunitaria, con presencia de más de diez instituciones públicas que trabajan articuladamente en programas deportivos, recreativos, culturales, artísticos y tecnológicos; y en la resolución alterna de conflictos y el cuidado y desarrollo infantil.
Basta con escuchar las historias de jóvenes que encontraron en ellos espacios seguros mientras crecían, para confirmar que esas intervenciones llegaron a tiempo a sus vidas.
Con un primer programa financiado por el BID se construyó uno en cada provincia durante las administraciones Chinchilla y Solís. La evidencia de su ejecución muestra que aumentaron significativamente el rendimiento académico de los participantes y su vínculo con la escuela, se redujeron los comportamientos problemáticos y la deserción estudiantil y hubo efectos positivos en jóvenes en situaciones de riesgo, tales como el comienzo del consumo de drogas, afectación por violencia intrafamiliar, abuso sexual y bullying.
Paralelamente, en las siete comunidades que los albergan, al comparar los resultados del programa con los datos nacionales, se observan disminuciones relevantes en el índice de victimarios menores de edad y en la tasa de asaltos, que superaron las metas originales en un 307 % y un 180 %, respectivamente.
Estos resultados confirmaron la eficacia de centrar los esfuerzos y recursos donde los datos indican que son más necesarios, y abrieron el camino para la construcción de ocho nuevos CCP, con un segundo programa también financiado por el BID, que la administración Alvarado Quesada empezó a ejecutar en el 2021.
Cada uno de estos nuevos CCP está precedido de una estrategia territorial de prevención de la violencia, que se construyó en varias sesiones con cada una de las comunidades para conocer los problemas específicos que experimentaban y darles la oportunidad de ser protagonistas en la proposición de soluciones; los resultados se verán reflejados en la identidad particular de su propio CCP.
Este segundo programa tenían entre sus novedades la asignación de recursos también para Centros Cívicos sin Paredes, en comunidades donde no se prevé construir un CCP, con lo cual fue posible empezar a llevar toda la oferta de servicios a las instalaciones que estas comunidades ya tienen disponibles, aumentando así el alcance de la prevención y la inclusión dentro de la población infantil y juvenil.
Los CCP sin paredes y los CCP virtuales, apoyados también con recursos de otras instituciones, fueron clave para que la cercanía de los espacios seguros para los chicos y chicas no se perdiera durante los meses más duros de la pandemia, gracias a actividades de teatro, fotografía, deportes y pintura.
Sumado a esto, se crearon y empezaron su ejecución en el 2021 protocolos de referencia entre el IMAS y los CCP para recibir población en condiciones de riesgo que ya era atendida por los programas Puente, mientras en lo interno del Ministerio de Justicia y Paz se creó un protocolo para referir a los CCP a niños y jóvenes familiares de los privados de libertad para cortar los ciclos de repetición dentro de las familias y llegar a tiempo a tantas vidas que quizá no ven claro que pueden tener un futuro lleno de oportunidades.
Esto es lo que puede hacer un Estado cuando conoce a su gente y sus circunstancias, cuando tiene un propósito y una convicción que trasciende administraciones, y rompe los silos de atención institucional para construir una cultura de paz, esperanza y posibilidad en el futuro.
Sin duda hay que invertir en mejorar las condiciones de los cuerpos policiales y los espacios penitenciarios para que el trabajo y la convivencia se den dignamente y para que produzcan los resultados esperados, pero a mediano y largo plazo esa inversión será menor si mayor es el esfuerzo del país por arrebatar gente a la delincuencia; la prisión no ha demostrado acabar con la comisión de delitos, la prevención sí.
Costa Rica merece ser segura para todos, tanto para las víctimas como para las potenciales víctimas de los delitos y para aquellos cuya vida empieza y se desarrolla inmersa en la violencia y las vulnerabilidades en salud, educación, cultura, conectividad, cuidado, oportunidades y acceso a la justicia, porque no tendremos paz mientras para algunos su primer contacto con el Estado sea cuando los detenga un policía o cuando entren en una cárcel. Hay que llegar antes.
La autora es exministra de Justicia.