Antes de aprobar el proyecto de ley que pretende castigar con entre dos y cuatro años de cárcel a todo mayor de edad que mantenga relaciones sexuales con una persona menor de edad, siempre que exista una diferencia de cinco o más años con la víctima, sin importar si hay consentimiento por parte del menor, deben considerarse ciertos aspectos formales y de orden público.
El derecho penal debe ser utilizado como último recurso, y solo en caso de ser necesario. Mediante este proyecto de ley quieren solucionar problemas sociales, como lo es el elevado número de embarazos en adolescentes, con la privación de libertad, lo cual no es lo más racional.
La historia nos enseña que solo por la amenaza de un castigo no va a disminuir el número de menores que se involucran sexualmente con mayores de edad.
Hacinamiento. La edad de la población que mantiene relaciones con menores oscila entre los 20 y los 30 años. Si se aprueba la reforma al Código Penal pretendida, serían enviados a la cárcel una cantidad de jóvenes en edad productiva, que si bien tienen actitudes no conformes con lo deseado socialmente, lo idóneo no sería corregirlos mediante la pena de prisión. Esto sin mencionar el hecho de que empeoraría la situación del hacinamiento carcelario que existe en el país.
La creación de nuevos tipos penales, por otra parte, implica gastos estatales. El Poder Judicial debe movilizar todo el sistema penal y carcelario (policías, fiscales, defensores, jueces, etc.) cuando hay nuevos delitos que perseguir. Indudablemente, tal situación acarrea más mora judicial y más gasto. El costo se paga con impuestos.
El poder punitivo del Estado debe ser limitado y no utilizarlo para solucionar problemas sociales. La prisión no es la solución que se busca para disminuir el número de embarazos en adolescentes o para evitar las relaciones sexuales entre menores y mayores de edad.
El proyecto de ley 19.337 debe replantearse en este sentido porque supone “educar” por amenaza penal, lo que además de ser arcaico también será ineficaz.
Los padres de familia y los centros educativos deben dar mejor calidad de educación sexual a nuestros jóvenes; reconocer que la mayor parte de ellos estarán activos sexualmente antes de cumplir los 18 años.
De modo que deben conocer el correcto uso de los métodos anticonceptivos, los alcances psicológicos de adelantar su crecimiento y su derecho a negarse a tener relaciones íntimas y a denunciar abusos.
La familia debe acompañar al menor en su vida y decisiones, pues ellos todavía son muy vulnerables y fáciles de manipular. El fomento de la seguridad que debe tener cada persona de sí misma solo se consigue en el hogar, no en las cárceles.
Debemos cambiar además la cultura del “dinero rápido” que en estos casos lleva a muchos menores a involucrarse con adultos para tener acceso a bienes materiales; hay que enseñarles que la independencia financiera llega y se logra con esfuerzo, estudio y trabajo.
Las relaciones sexuales entre mayores de edad con menores es un problema social complejo que debe solucionarse con la participación de todas las personas e instituciones que conforman nuestra sociedad, no solo con la prohibición de dichas relaciones en una ley.
El proyecto de marras, aunque bien intencionado, generará más problemas que beneficios porque pretende castigar en lugar de educar.
La autora es abogada.