El estudio actuarial de la UCR sobre el estado de las finanzas del fondo de pensiones de la CCSS ha desatado el nudo gordiano que por más de diez años había impedido saber cuál es su situación real. Por primera vez tenemos un estudio con una metodología y unos resultados aceptados por las autoridades de la CCSS, de la Supén y del gobierno.
Ahora sabemos que los rendimientos que produce el fondo de pensiones más las cotizaciones actuales, es decir lo que todos los meses nos rebajan para el fondo de pensión más lo que cotizan los patronos y el Estado se destina a pagar a los más de 225.000 pensionados y todavía queda un “hueco” anual de aproximadamente ¢75.000 millones, por lo que ya empezaron a comerse las reservas acumuladas por más de 60 años que suman poco más de dos billones de colones.
El debate se ha centrado en proponer formas de incrementar los dineros que recibe el fondo, de mejorar la gestión administrativa y financiera, de subir la edad de pensión a los 70 años, de evitar la injerencia politiquera e incluso la posibilidad de pasar de un sistema de reparto a uno de cuentas individuales.
No obstante, es lamentable la falta de información comprensible, de calidad, completa y disponible sobre un tema que está en la médula del Estado social de derecho, por lo que si no se arregla bien nuestro modelo solidario se desplomará.
Falta información. En ese sentido, llama la atención que las autoridades de la CCSS corran a aumentarnos nuestra cotización en un 1% del salario total –pasará de un 2,84% a un 3,84% a partir de junio– sin la mínima información, consulta y motivación a los cotizantes sobre las opciones barajadas, más que indicar que llena un hueco de ¢75.000 millones, para así evitar seguir “pellizcando” las reservas.
Muchas preguntas nos surgen: ¿Qué obligaciones de transparencia activa tiene la CCSS y su Gerencia de Pensiones para con los cotizantes? ¿Es nuestro rol de cotizantes solo pasivo y de potenciales beneficiarios? ¿Qué información tenemos de que la gestión administrativa y financiera ha sido y es la más eficiente posible? ¿Qué rol como proveedores de información de fiscalización ha tenido y tiene la Supén, la auditoría interna o la Defensoría de los Habitantes? ¿Cómo podemos saber que tendremos en el futuro una pensión decente y no son solo cantos de sirena? ¿Cómo podemos saber oportunamente, año con año, si los supuestos con que son hechas las estimaciones se van cumpliendo o no y por qué? ¿Cómo se rinde cuentas de todo esto y quienes deben pedirlas? Se necesitan respuestas formales a estas y otras inquietudes legítimas.
Transparencia. Una de las primeras medidas que necesitamos es una concreta declaración de transparencia, acceso a información comprensible y datos abiertos por parte de las autoridades de la CCSS.
Para ello es necesario diseñar un portal de datos que contenga información mes a mes sobre recaudación y morosidad, inversiones, gestión de activos productivos, pensionados (número y estratificados por montos de pensión), número de cotizantes, desglose de gastos administrativos, metodología de cálculo del valor de los servicios que compra la Gerencia de Pensiones a la CCSS, estadísticas generales, desglose de operaciones hipotecarias, auditorías internas o externas realizadas y su cumplimiento, cuadros comparativos con el régimen complementario obligatorio, cuentas nocionales como en Suecia, entre otros.
Solo si las autoridades de la CCSS se sienten vigiladas por los cotizantes, y los cotizantes contamos con información para vencer la asimetría informativa existente, seremos capaces de tener un panorama completo de qué pasa con todos esos dineros y exigir oportunamente las acciones correctivas del caso.
Mientras eso no ocurra los malos manejos quedarán convenientemente ocultos en una caja negra, y los cientos de miles de cotizantes seguiremos quedando a ciegas y sin garantías básicas para luchar empoderadamente por el derecho fundamental a la pensión.
El autor es abogado.