Hace casi un año, Elon Musk, de Tesla, anunció públicamente que el estado de Nevada, Estados Unidos, había sido escogido para albergar una megafábrica para la producción de las baterías Li-Ion.
La inversión sería de $5.000 millones y producirían, al menos, medio millón de baterías de este tipo para vehículos eléctricos antes del año 2020. Noticias más recientes nos hacen saber que también se fabricarán baterías para la concentración de energía fotovoltaica residencial.
Nevada venció en la competencia a los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas para dejarse la megafábrica en su territorio.
La construcción de la planta, de 93 hectáreas, se inició este año una vez recibidas las aprobaciones legislativas correspondientes. Debe generar unos 3.000 empleos directos y aproximadamente 16.000 indirectos en la comunidad de Sparks, en los suburbios de Reno, durante la construcción.
Cuando la planta entre en operación, en el 2017, se calcula que generará 6.500 empleos directos. Adicionalmente, Tesla anunció que contribuirá con $35 millones al sistema educativo de Nevada.
Dicho estado, claro está, no ganó la carrera por tener una buena infraestructura de transporte y comunicaciones, personal capacitado y condiciones favorables, pues sus competidores también lo tienen.
Nevada se impuso porque hizo una mejor oferta. Ofreció un impresionante paquete de incentivos fiscales por un monto cercano a los $1.250 millones durante los próximos años, que incluye deducciones del impuesto de ventas a lo largo de 20 años, deducciones del impuesto a la propiedad por un plazo de 10 años, rebajas en el impuesto a los salarios por 10 años, descuentos en la tarifas eléctricas por los próximos 8 años y créditos fiscales transferibles. La competencia que se dio entre los estados involucrados fue salvaje; en un principio se discutían incentivos fiscales por montos cercanos a los $400 millones, cifra que debió triplicar Nevada a efectos de dejarse la planta.
Los estados, al igual que las empresas privadas, invierten dinero en el presente con la esperanza de obtener retornos en el futuro. Todavía no existe medición de cuál será el “retorno social” de la inversión llevada a cabo por Nevada, más allá de la creación de miles de empleos, pero no debe quedar ninguna duda de que la apuesta de dicha ciudad es grande.
Hacer una transferencia tributaria –equivalente a los incentivos fiscales dejados de percibir– para que se empleen directamente en beneficio de la comunidad, ya es un retorno social porque el Gobierno deja de lado su carácter de intermediador –con todas la burocracia que queda eliminada en el camino– para que la comunidad reciba directamente ese beneficio.
Costa Rica ha hecho lo mismo por mucho tiempo. Nuestro régimen de zonas francas nos da una pequeña idea: si por cada $1 de exoneración se obtienen $5,70 de retorno social, el efecto multiplicador en el país de este tipo de inversiones no deja ninguna duda.
Un acierto nada más. En los años 90, Costa Rica jugó en las grandes ligas y logró capturar la atención de Intel para que el gigante de los procesadores se instalara en el país.
En una conjugación de suerte y apuesta vigorosa, Intel estuvo 20 años en el vecindario.
Lastimosamente, no volvió a registrarse un caso similar y, como en muchos otros planos en la toma de decisiones, quedamos rezagados.
Cuando se discute la grave situación fiscal del país, parecería desafortunado pensar en ofrecer incentivos a ciertas empresas, pero las decisiones económicas de los países deben fundamentarse en criterios a mediano y largo plazo, más que en decisiones cortoplacistas y oportunistas. El mundo actual invita a que los países participen vigorosamente en la atracción de inversiones; si bien un país brinda las condiciones –nuestro motor por un largo periodo–, también es necesario que garantice ciertas condiciones en determinados casos.
Tal vez de esta forma el país pueda retomar el liderazgo que tuvo durante muchísimos años en la atracción de inversiones pero que poco a poco hemos ido perdiendo.
Guillermo Zúñiga es abogado.