Así como la primera etapa del centro penitenciario Terrazas tuvo un papel decisivo en la eliminación del hacinamiento penitenciario, la entrada en operación, hace ya un año, del nuevo edificio vertical, que se construye como una segunda etapa, representa una oportunidad para continuar el camino hacia la disminución de la sobrepoblación penitenciaria, como corresponde en un país con vocación de respeto a los derechos humanos.
Será la primera edificación penitenciaria vertical, pero esto es algo común en países desarrollados. El diseño aprovecha las condiciones ya existentes en el centro e incorpora novedades en la operación penal.
El diseño vertical puede gustar más o gustar menos, pero se ajusta la Ley 9954, la normativa nacional e internacional en materia constructiva y penitenciaria, y es el resultado de espacios de discusión colegiados dentro de la institución.
Además, es una opción que representa el mayor aprovechamiento posible del terreno disponible, surgida tras la aprobación de la Ley 9954, en febrero del 2021, que asignó recursos del superávit del Registro Nacional al Ministerio de Justicia y Paz para uso exclusivo de la atención del hacinamiento penitenciario.
A diferencia de los otros centros penales del país, el CAI Terrazas cuenta con capacidad instalada, prevista justamente para ampliar la atención a un número mayor de población privada de libertad.
Los planos del nuevo edificio incorporan estándares penitenciarios internacionales y recibieron todos los permisos constructivos que corresponde, según la normativa nacional; contemplan también los comentarios de las instancias internas de la institución relacionadas con el sistema penitenciario, ninguna de las cuales manifestó objeciones al proyecto. La adjudicación de la construcción quedó en firme una vez que la Contraloría General de la República declaró sin lugar las apelaciones.
La planificación del equipamiento y dotación de recurso humano requerido para el funcionamiento continuará en la nueva administración, tal como se explicó durante las conversaciones de traspaso de mando a las nuevas autoridades. Como antecedente, está el camino recorrido para la creación histórica de las plazas necesarias para la apertura del centro.
El sistema penitenciario costarricense no puede ni debe darse el lujo de acumular personas en infraestructura vieja sin condiciones, teniendo en el nuevo edificio la oportunidad de continuar el plan para reducir la sobrepoblación penitenciaria, que la administración Alvarado dejó en un 5,8% después de haber superado en algún momento el 40%.
Como se dijo en su apertura, Terrazas no es un centro penitenciario más. Es un cambio de paradigma en el modelo de atención para la inserción social e infraestructura que pone a las personas (privadas de libertad y funcionarias) en el centro de un trabajo que procura emular las condiciones de la vida en libertad, dentro de los parámetros de seguridad propios de un centro penitenciario. Es el estándar mínimo que merece el sistema de cara al futuro.
Antes de la entrada en funcionamiento, el centro recibió la visita de las autoridades del OIJ, Defensa Pública, Fiscalía General de la República, Defensoría de los Habitantes y Ministerio de Seguridad Pública, e integrantes de las Comisiones Legislativas de Seguridad y Narcotráfico y de Hacendarios; y sus impresiones evidenciaron el cambio positivo que el centro representa en el panorama penitenciario nacional.
La construcción también dio lugar a la creación del Libro blanco de infraestructura penitenciaria, una compilación de estándares nacionales e internacionales en materia carcelaria, lecciones aprendidas por la institución durante décadas y buenas prácticas para ejecutar los futuros proyectos penitenciarios.
Es un libro vivo, que cada administración actualizará para aprovechar las curvas de aprendizaje en favor del erario, justamente para evitar ocurrencias o improvisación. Terrazas invita a recordar que una adecuada infraestructura penitenciaria no es cuestión de gustos, sino de rigor técnico, esperanza y valentía, para lograr que las condiciones del sistema estén a la altura de un país defensor de los derechos humanos, como lo es Costa Rica.
La autora es exministra de Justicia y Paz.