Cuando creímos que el ánimo de odio y la obsesión persecutoria de Justo Orozco contra todas las personas que no responden a su ideal había llegado a su máxima expresión, nos sorprende con su reciente agresión: un recurso de recusación formal contra la diputada Carmen Muñoz para que no participe, conozca, ni vote el Proyecto de Ley de Sociedades de Convivencia, por ser lesbiana. Según Orozco, en el caso de este proyecto de ley, el ser lesbiana la coloca en la posición de legislar para beneficio propio.
Aparte del estupor que nos genere semejante intento y tamaña argumentación, esta última agresión deja varias cosas claras y obliga a algunas preguntas. En primer lugar, el pastor Orozco confunde derechos humanos y beneficios, lo cual puede disculparse en cualquier persona, incluso un diputado, si éste no tiene particular interés en estar a la altura de su investidura. Lo que no puede disculparse es que sobre esa base trate de legislar.
Al igual que ninguna persona puede alegar desconocimiento de la ley para violarla, ningún diputado puede alegar desconocimiento ni oposición a los principios fundamentales sobre los que se sustenta la convivencia en nuestro país para utilizar su poder. Y esto es lo que ha hecho sistemáticamente el pastor Orozco desde que fue electo diputado. No ha tenido reparo en atacar todas las poblaciones que él considera inválidas socialmente, mostrar públicamente su misoginia, homolesbotransfobia, xenofobia y racismo, y en legislar, cuando ha correspondido, en contra del reconocimiento de sus derechos.
Es inevitable que dentro y fuera de nuestras fronteras surja la pregunta ¿cómo una persona como Orozco ha llegado a presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa en el periodo anterior? Muchas voluntades se tuvieron que unir para que esto fuera posible, lo que dice mucho de cada actor que intervino para llegar a ese resultado, destacando entre ellos la bancada oficialista, el partido de gobierno, el PLN, y la Casa Presidencial. Fue uno de los pagos a realizar por conservar en mayo de 2012 el control del Directorio de la Asamblea Legislativa.
Surge entonces otra pregunta: ¿cómo es que Costa Rica, que ocupa un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde 2011, ha impulsado desde los más altos niveles del Ejecutivo y el Legislativo semejante contrasentido? Parece que en materia de Derechos Humanos hay mas disposición oficial a figurar que a realmente actuar acorde a los compromisos adquiridos.
Lo que parece una disputa entre Orozco y los grupos que reivindicamos la igualdad de derechos para todas y todos, incluyendo en materia de diversidad sexual, es en realidad un grave problema social y político de la sociedad completa frente al cual el Estado costarricense debe convertirse en actor central, ya que tiene la mayor responsabilidad. No hay que olvidar que el Estado tiene obligación no solo de no violentar los Derechos Humanos, sino también de defender, impulsar, garantizar, vigilar y promover todos y cada uno de estos Derechos, por lo que no es un espectador al margen, menos aún uno neutral o parcializado en contra de ellos.
¿Cuándo veremos al Ejecutivo actuar ante las manifestaciones de desprecio, y por tanto odio, que Orozco acostumbra a lanzar contra las poblaciones que desde su particular y personal moral condena? ¿Frente a los intentos de usar su poder para animar el odio o el desprecio contra algunas poblaciones? La Casa Presidencial tampoco puede alegar sorpresa ante las actuaciones de Orozco una vez que lo aceptó como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos ¿Cuándo darán la cara los diputados y las diputadas que permitieron esta situación y que recientemente han apoyado su elección en el Directorio de la Asamblea Legislativa? Tampoco pueden escudarse en que no piensan igual que Orozco, porque el daño que este pastor está haciendo a Costa Rica se potenció cuando lo aceptaron en estas posiciones privilegiadas para atacar los Derechos Humanos, y se multiplica cada vez que el resto calla.